Lo esencial: La Cámara de Diputados aprobó el miércoles, con más de dos tercios de votos, un proyecto de ley que permite revisar las bajas y sanciones disciplinarias aplicadas a policías y militares tras la crisis política de 2019, y devolverles el cargo cuando se compruebe que sus procesos tuvieron irregularidades.

Por qué importa: La norma mueve plata pública y responsabilidades a la vez. Reconoce sueldos devengados de hasta siete años, ascensos no percibidos y aportes a la seguridad social, y abre un frente judicial nuevo sobre mandos y autoridades que tramitaron las bajas entre 2020 y 2022.

De dónde vienen estas bajas: El 8 de noviembre de 2019 estalló en Cochabamba un motín policial, en medio de las protestas que denunciaban fraude en las elecciones de octubre. Días después, los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas se sumaron al pedido de renuncia de Evo Morales, que dejó el cargo el 10 de noviembre y fue reemplazado por la senadora Jeanine Áñez.

Con el MAS de vuelta en el Ejecutivo desde 2020, los tribunales disciplinarios procesaron a los uniformados que participaron en esos hechos, bajo la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía, por amotinamiento y ultraje a símbolos patrios. El Tribunal Disciplinario reportó cinco bajas definitivas hasta septiembre de 2021 y 21 en junio de 2022.
En paralelo corrió la vía penal por las muertes de Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019: el informe del GIEI contabilizó al menos 20 fallecidos en operativos conjuntos de policías y militares.

El carril de vuelta: Según el detalle que el diputado proyectista Carlos Alarcón entregó a El Post, el restituido puede reclamar daños y perjuicios contra los autores de las violaciones a sus derechos.

El proyecto además obliga a los órganos que dispongan el restablecimiento a iniciar acciones civiles de repetición, penales y las que correspondan contra los responsables de esas violaciones.
Eso convierte a los tribunales disciplinarios en dos cosas al mismo tiempo: la instancia que decide la restitución y la que queda obligada a accionar contra quienes decidieron la baja.

La factura: Alarcón sostiene que los efectos económicos se cubren con los presupuestos ya asignados y programados en ambas instituciones. No hay cifra pública que respalde ese cálculo.

Tampoco es público el número de efectivos que podrían acogerse. Las cifras conocidas son policiales y llegan hasta 2022; no existe dato oficial de cuántos militares fueron dados de baja por vía disciplinaria.
Sin ese número, no se puede estimar el monto de sueldos devengados, que se acumulan desde 2020 y varían por grado y antigüedad.

Qué restituye: El retorno al cargo o función, los sueldos impagos, los ascensos y la carrera profesional interrumpida, la atención en la seguridad social, las jubilaciones y pensiones del efectivo y de sus familiares con derecho, y desagravios institucionales.

El texto fija 30 días para devolver el grado anulado una vez emitida la resolución. Si el órgano competente rechaza el pedido de forma indebida, el afectado puede acudir a la acción de amparo constitucional.

Sí, pero: El proyectista afirma que la norma no interfiere en ningún proceso penal en curso y que excluye expresamente los hechos de junio de 2024, el episodio militar encabezado por el excomandante Juan José Zúñiga.

La vía penal por Sacaba y Senkata ya se había cerrado antes por otro camino: en agosto de 2025 jueces de El Alto y Sacaba anularon los procesos por incompetencia y los uniformados procesados salieron en libertad, una decisión que la CIDH y ONU Derechos Humanos calificaron entonces como un posible retroceso.

Qué sigue: El Proyecto de Ley 154 pasa al Senado, que deberá respaldarlo, modificarlo o rechazarlo. Allí el PDC tiene 16 de los 36 escaños, Libre 12, Unidad 7 y Súmate 1, sin representación del MAS. Si introduce cambios, el texto vuelve a Diputados.