Política antidroga 2026-2030: ¿nuevo rumbo frente al crimen organizado?
Lo esencial: El Gobierno aprobó el viernes 4 de septiembre la Política Antidroga 2026–2030 y su Plan de Acción, una hoja de ruta que amplía de cinco a nueve sus ejes estratégicos en la lucha contra el narcotráfico.
Por qué importa: La estrategia busca que la lucha antidroga deje de concentrarse únicamente en operativos y decomisos y pase a atacar las estructuras financieras y criminales que sostienen el negocio.
- El giro llega en un contexto exigente: una ola de sicariatos vinculada a organizaciones brasileñas disputa corredores fronterizos, mientras la superficie de coca supera el límite legal en unas 12.000 hectáreas.
El plan: El documento plantea nueve líneas de acción aprobadas en la primera sesión del Consejo de Política Integral (CPI), presidida por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, con participación de la UNODC.
- Cinco ejes mantienen la lógica previa: interdicción estratégica, control responsable de cultivos de coca, control de precursores, desarrollo integral y cooperación internacional.
- Cuatro ejes ganan peso o aparecen como líneas propias: desarticulación de organizaciones criminales transnacionales, inteligencia financiera, prevención y atención del consumo desde la salud pública, y fortalecimiento institucional.
Contexto: La estrategia inmediatamente anterior fue la vigente en 2021–2025, centrada en reducir la oferta de drogas, desincentivar el consumo y controlar cultivos ilícitos. La nueva política conserva parte de esa lógica y no representa una ruptura total.
- La política presentada por Oviedo ante Naciones Unidas en marzo de 2026 ya estaba organizada en cinco ejes, por lo que los nueve actuales se entienden como una ampliación y formalización más que como un modelo nuevo.
- El último informe de monitoreo de la UNODC registró un incremento del 10% en los cultivos, cifra que supera el límite reconocido por la Ley General de la Coca.
Coca en Bolivia: superficie, producción y control en 2024
Fuente: UNODC · Ley General de la Coca (Ley N.º 906) · Datos al diciembre de 2025| Indicador | Categoría | Dato |
|---|---|---|
| Superficie cultivada | ||
| Coca cultivada en Bolivia | Por encima del límite | 34.000 ha |
| Límite legal (Ley N.º 906) | Marco legal | 22.000 ha |
| Excedente sobre el límite legal | Excedente | +12.000 ha |
| Producción y mercado | ||
| Producción total de hoja de coca | Producción | 72.887 t |
| Coca comercializada en mercados legales | Mercado legal | 29.636 t |
| Consumo tradicional estimado | Uso lícito | 20.690 t |
| Erradicación | ||
| Erradicación reportada por el Gobierno | Dato oficial | 10.001 ha |
| Erradicación validada en campo por UNODC | Verificación independiente | 23% del total reportado |
Los números : Entre el 8 de noviembre de 2025 y el 24 de agosto de 2026, Oviedo reportó ante la Asamblea Legislativa cifras de una intensa actividad antidroga, mientras crecía la violencia fronteriza.
Actividad operativa · 2025
Operativos realizados
7.546
Más de 2.150 aprehendidos · 60 avionetas afectadas · 624 vehículos afectados
Actividad operativa · 2025
Droga incautada
44 ton.
16.290 kg de cocaína · 375.984,5 kg de marihuana
Violencia · Enero–Agosto 2026
Asesinatos con características de sicariato
40 víctimas
En 33 ataques registrados · Santa Cruz concentró 26 víctimas, el 65% del total
Estrategia previa · 2021–2025
Impacto económico estimado
$us 703 M
50.695 operativos en cinco años
Qué dicen: El ministro Oviedo reconoció una “ola de sicariatos” y sostuvo que organizaciones brasileñas como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) disputan corredores utilizados para sacar droga del país.
Sí, pero: Un informe de la Fundación Milenio de agosto de 2026 advierte sobre la vulnerabilidad del país frente a la criminalidad transnacional, con presión política sobre la Policía y la justicia, falta de recursos y precariedad institucional.
- La fundación plantea profesionalizar y despolitizar la Policía, regenerar el sistema judicial y el Ministerio Público, y fortalecer la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para rastrear el lavado de activos.
La conclusión: La nueva política introduce un énfasis diferente, pero no parte de cero: todavía es una promesa de cambio más que una transformación comprobada. Su novedad no podrá medirse por sus nueve títulos, sino por sus resultados.
- La prueba en los próximos cinco años será pasar de la contabilización de operativos y decomisos a indicadores más difíciles: desarticulación efectiva de organizaciones, debilitamiento de sus finanzas, reducción de la violencia fronteriza y disminución de la coca excedentaria.
