Lo esencial: El Órgano Judicial amenazó con un paro nacional escalonado y dio 20 días al Gobierno y a la Asamblea Legislativa para atender sus demandas de más presupuesto y un paquete de leyes.

Por qué importa: Si el poder encargado de garantizar el acceso a la justicia se detiene, el golpeado directo es el ciudadano con un proceso o un trámite abierto.

Y la amenaza reabre una pregunta que ni Bolivia ni el derecho internacional tienen del todo resuelta: si un poder del Estado puede, legalmente, declararse en paro.

La pregunta, en Bolivia: La Constitución reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores “de acuerdo con la ley”, pero no lo regula para los integrantes de un poder del Estado.

El Tribunal Constitucional Plurinacional admite restringir ese derecho en la función pública o en los servicios esenciales.
El constitucionalista Roger Valverde calificó la amenaza de inédita, señaló que el Órgano Judicial presta un servicio indispensable y advirtió que la ley vigente sanciona la paralización de actividades judiciales.

El dilema global: No es solo boliviano.

En México, jueces y magistrados iniciaron en agosto de 2024 un paro indefinido contra la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador.
En España, jueces y fiscales pararon tres días en julio de 2025 contra reformas del Gobierno; en ambos casos se discutió si quienes integran un poder del Estado pueden ir a la huelga.
En el plano normativo, la Corte Internacional de Justicia dictaminó en mayo de 2026 que el derecho a huelga está protegido por el Convenio 87 de la OIT, aunque admite restricciones en servicios esenciales, que limita a salud, agua, electricidad y control aéreo, sin incluir de forma expresa a la justicia.

El estado de excepción: El Gobierno suma otro argumento: el estado de excepción vigente en el país. Pero ese régimen prohíbe bloqueos y restringe concentraciones masivas sin suspender garantías ni el debido proceso, y no regula un paro laboral.

Qué dicen:

Romer Saucedo, presidente del TSJ, que reclama subir el presupuesto judicial del 0,35% del Tesoro al 5% —antes pedía el 3%—: “A los magistrados nos sobra lo que a su Gobierno le falta”.
“Bolivia tiene una justicia raquítica, abandonada desde hace 20 años, con un presupuesto paupérrimo”, señaló Saucedo.
José Luis Gálvez, vocero presidencial, calificó el anuncio de “inaudito” y sostuvo que la crisis judicial no se resuelve con un paro.
El presidente Rodrigo Paz dijo que los paros y bloqueos son “cosas del pasado, eso es el pensamiento de los 20 últimos años (gobiernos del MAS) bajo la lógica del diálogo y la concertación es la modernidad, eso es el siglo XXI”.

Sí, pero: Declarar ilegal una huelga es facultad del Ministerio de Trabajo, no del Ejecutivo por sí solo.

Entre los usuarios del sistema judicial hay quienes piden resultados y rendición de cuentas antes que un paro, y dudan que más recursos, por sí solos, garanticen una justicia más rápida.

Qué sigue: La negociación se traslada a la Asamblea, donde siguen sin tratarse seis proyectos de ley del Órgano Judicial sobre financiamiento, modernización y el llenado de las acefalías.