Lo esencial: Este 26 de junio el caso Zapatero-SOBOCE registró tres nuevos movimientos clave: el expresidente Luis Arce negó haber intervenido en el litigio, la defensa de Zapatero pidió excluir el informe policial del proceso en España, y la Magistratura anunció que revisará el caso judicial de la cementera del Grupo Gloria.

Por qué importa: La controversia entró en una nueva fase marcada por la respuesta formal de los principales involucrados y el inicio de acciones institucionales en ambos países.

Mientras la investigación española sigue abierta, en Bolivia comienzan a activarse mecanismos de revisión judicial y pedidos de cooperación internacional para obtener documentación oficial.

Estado actual: Los sucesos reflejan estrategias diferenciadas de cada parte involucrada.

Arce difundió desde el penal de San Pedro un pronunciamiento donde sostuvo que sus reuniones con Zapatero en septiembre de 2024 respondieron exclusivamente a asuntos políticos del MAS, la disputa con Evo Morales y la “unidad del movimiento popular”.
La defensa de Zapatero presentó un escrito ante la Audiencia Nacional argumentando que el informe de la UDEF incorpora hechos ajenos al proceso principal y corresponde a una investigación prospectiva sin autorización judicial.
El Consejo de la Magistratura boliviano informó que revisará la actuación de los operadores judiciales involucrados en el proceso entre SOBOCE y Fancesa.
En paralelo, María del Carmen Almendras, quien fue embajadora de Bolivia en España (2007- 2015) y hasta esta semana se desempeñaba como secretaria municipal de Culturas de la Alcaldía de La Paz, presentó su renuncia al cargo. Almendras es mencionada en el informe de la UDEF como la persona que habría facilitado el acercamiento inicial entre Zapatero y representantes vinculados al Grupo Gloria.

Qué dicen: Las posiciones de los involucrados son completamente opuestas.

Luis Arce rechazó haber favorecido a SOBOCE y negó cualquier tráfico de influencias. “No me he escapado, no tengo nada que ocultar, respeto la independencia de los órganos del Estado y no estuve ni estoy involucrado en ningún tráfico de influencias que haya favorecido a SOBOCE o a alguna otra empresa privada”, señaló.
La defensa de Zapatero insiste en que existió únicamente una consultoría privada legal y que el informe policial sobre Bolivia no debería formar parte del proceso penal en España.
Doria Medina pidió investigar a Luis Arce, a Zapatero y a las autoridades judiciales que hubieran intervenido en el caso, y rechazó los intentos de vincularlo, recordando que vendió SOBOCE diez años antes.
“Durante mucho tiempo me he preguntado por qué los juicios que he tenido los ganaba en las cortes internacionales y los perdía en Bolivia. La investigación española a Zapatero lo muestra cristalinamente: si los presidentes se metían en los fallos, ¿cómo iba a ganar yo?”, dijo.

Los números: El litigio entre SOBOCE y Fancesa involucra una condena de 107 millones de dólares cuya ejecución fue suspendida por el Tribunal Constitucional, mientras que el contrato investigado en España asciende a 200.000 euros supuestamente pagados a Zapatero mediante la empresa Focus Social Research.

Entre líneas: El caso entra en una fase distinta donde la atención se desplaza del contenido del informe policial hacia la respuesta institucional y la obtención de pruebas oficiales.

La estrategia de Zapatero apunta a limitar el alcance procesal del expediente sobre Bolivia en España, mientras Arce busca desligar sus reuniones políticas de cualquier gestión empresarial o judicial.

Qué sigue: La Cámara de Diputados aprobó una minuta solicitando al fiscal general activar mecanismos de cooperación jurídica internacional con España para obtener la documentación de la UDEF, mientras la oposición mantiene su pedido de conformar una comisión especial de investigación en Bolivia.