Lo esencial: El presidente Rodrigo Paz vinculó el lunes al Chapare como eje de financiamiento de las protestas violentas que afectan al país desde hace 40 días y advirtió una respuesta del Estado contra lo que denominó “narcoterrorismo”.

Por qué importa: El Gobierno redefine el conflicto social como una amenaza de seguridad interna, lo que habilita una respuesta estatal de mayor intensidad bajo el marco de la recién promulgada Ley de Estados de Excepción.

Si se confirma la existencia de estructuras armadas con financiamiento ilícito infiltradas en las movilizaciones, las organizaciones sociales legítimas podrían quedar atrapadas entre la represión estatal y los intereses criminales.

Los hechos: El mandatario pronunció estas declaraciones tras promulgar la ley 1740 que regula los estados de excepción, en un contexto de creciente escalada de conflictos, bloqueos y enfrentamientos armados.

Paz sostuvo que detrás de las movilizaciones existen grupos infiltrados con capacidad económica y armada que desvirtúan demandas sociales legítimas.
El Presidente aclaró que no se refiere a los sectores “limpios del Chapare”, sino a quienes están relacionados con actividades criminales.

Dirigentes de la Federación de Comunidades Interculturales Chimoré anunciaron que ingresarán en vigilia y tomarán instalaciones militares asentadas en ese municipio del trópico de Cochabamba, luego de la promulgación de la Ley 1740.

Contexto: Los bloqueos en el país ingresan al día 40 en medio de protestas de sectores campesinos, transportistas, gremiales y organizaciones sociales, algunos con demandas de carácter político, como la renuncia del mandatario.

Las declaraciones se producen tras los enfrentamientos del pasado sábado en San Julián, donde un operativo policial-militar para desbloquear la ruta Santa Cruz–Beni derivó en violencia armada.
Sectores afines al expresidente Evo Morales han rechazado las acusaciones y denunciado persecución política.

Qué dicen: Las declaraciones de Paz apuntan directamente a la presencia de personas del trópico de Cochabamba en las movilizaciones.

“Los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó (Sebastián) Marset, sus días están contados”, afirmó el mandatario.
“¿Por qué tanto chapareño en ciudades de La Paz, El Alto o el altiplano? ¿Es acaso ahora el departamento de La Paz un anexo del Chapare?”, cuestionó Paz.
“Hoy enfrentamos la amenaza del narcoterrorismo que ha golpeado a nuestras regiones y afectado a miles de familias, (…) tenemos un plan para recuperar las estabilidad de Bolivia”, posteó en su cuenta de X.

Entre líneas: El discurso presidencial eleva la confrontación política a un plano securitario, donde las protestas ya no se abordan solo como demandas sociales sino como una amenaza vinculada al narcotráfico.

La mención específica a Marset sugiere que el Gobierno prepara operativos de inteligencia y captura contra figuras que considera vinculadas al financiamiento de las movilizaciones.
Morales confirmó que es parte de las protestas desde Chapare y reveló, en su programa radial del domingo, una reunión de planificación para “resistir” en las protestas
Además, aseguró que es “confirmadísimo” que lo aprehenderán hasta el 13 de junio y desafió al Gobierno a detenerlo en Chapare.
En otro programa de Morales, realizado el 24 de mayo, planteó que “para que no haya muertos” se produzca la renuncia de Paz y que se convoque a elecciones.

Qué sigue: Con la Ley de Estados de Excepción vigente y la advertencia de Paz sobre el “narcoterrorismo”, se esperan operativos de seguridad más duros, posibles detenciones de líderes de Chapare y mayor control policial y militar en rutas clave.

Los sectores movilizados podrían intensificar bloqueos y vigilia, manteniendo la tensión entre demandas sociales, política y seguridad.
Días atrás, Paz también denunció que las movilizaciones en Bolivia son financiadas con dinero del narcotráfico y vinculó a estas protestas a Evo Morales.