Lo esencial: La Asamblea de la Cruceñidad exigió, este lunes, al Gobierno de Rodrigo Paz la aplicación de un estado de excepción sectorizado, declaró a Santa Cruz en “estado de emergencia permanente” y convocó a una marcha nacional para el 21 de mayo contra los bloqueos.

Por qué importa: La resolución cívica eleva la presión institucional sobre el Ejecutivo en medio de más de dos semanas de bloqueos que han provocado desabastecimiento parcial de alimentos, medicamentos y combustible en varias regiones del país.

La demanda de estado de excepción implica restringir temporalmente garantías constitucionales en zonas específicas, lo que marca un punto de alta tensión política entre el movimiento cívico y el Gobierno.

Los cinco puntos aprobados: La Asamblea determinó cinco resoluciones que definen la postura cruceña frente a la crisis nacional.

1. Declaratoria de “estado de emergencia permanente” en defensa de la democracia ante cualquier intento de golpe de Estado o desestabilización.

2. Exigencia de estado de excepción sectorizado amparado en el artículo 137 de la Constitución Política del Estado y la Ley 1341 para restablecer la transitabilidad.

3. Creación de un Consejo Autonómico encargado de diseñar una “nueva relación con el Estado” y profundizar las autonomías regionales.

4. Convocatoria a una “gran marcha por la defensa de la democracia y el rechazo a los bloqueos” para el jueves 21 de mayo.

5. Facultades extraordinarias al presidente del Comité Pro Santa Cruz para tomar medidas adicionales si las condiciones lo ameritan.

Contexto: Bolivia atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la transición política posterior al ciclo del Movimiento al Socialismo (MAS), con decenas de puntos de bloqueo reportados por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y La Paz parcialmente cercada desde hace más de dos semanas por diferentes sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Qué dicen: El presidente cívico Stello Cochamanidis encabezó la lectura de las resoluciones con un discurso de confrontación directa.

“No permitiremos el quiebre del orden constitucional y defenderemos la democracia con la vida si así fuera necesario”, afirmó ante representantes provinciales, concejales, asambleístas y parlamentarios.
“Se exige actuar contra quienes promuevan, financien, ejecuten o encubran actos destinados a destruir la democracia, romper el orden constitucional, cortar el abastecimiento e impedir la circulación”, leyó durante la resolución.
“Quien no haga su labor será cómplice de lo que hoy está ocurriendo, ese golpe que están gestando Evo Morales, algunos de la COB y también las ONG”, declaró el dirigente cívico.

Entre líneas: La resolución cívica coincide con la narrativa del Gobierno de Rodrigo Paz, que denuncia un supuesto intento de desestabilización impulsado desde sectores vinculados al evismo.

El vocero presidencial José Luis Gálvez denunció públicamente que detrás de algunos bloqueos existiría financiamiento proveniente del narcotráfico y del Chapare, acusaciones rechazadas por Evo Morales y dirigentes movilizados.

Sí, pero: El Gobierno ha insistido hasta ahora en priorizar el diálogo frente a los pedidos de intervención directa y uso de la fuerza pública, mientras sectores movilizados acusan al Ejecutivo de incapacidad económica, crisis de combustibles y persecución política.

Qué sigue: La marcha nacional convocada para el 21 de mayo buscará articular al movimiento cívico nacional y a sectores ciudadanos de otros departamentos en una movilización que Cochamanidis calificó como “pacífica pero contundente para toda Bolivia”, mientras continúan los bloqueos en distintos puntos de El Alto y La Paz.