Lo esencial: El presidente Rodrigo Paz lanzó la necesidad de una reforma parcial de la Constitución con la creación de una Comisión de Reforma en Cochabamba y un paquete de diez leyes para transformar el modelo económico e institucional boliviano.

Por qué importa: Las reformas más ambiciosas del Gobierno —justicia, hidrocarburos, autonomías y modelo económico— solo pueden aplicarse mediante modificación constitucional aprobada en referéndum, lo que exige dos tercios de la Asamblea Legislativa o un millón y medio de firmas ciudadanas.

El proceso incluye controles del Tribunal Constitucional que podrían bloquear el trámite si determina que los cambios alteran las bases fundamentales del Estado Plurinacional.

El marco legal: El artículo 411 de la CPE establece cómo modificar parcialmente la Constitución sin convocar a una Asamblea Constituyente, diferenciando entre reforma total y reforma parcial.

La reforma total aplica cuando se pretende alterar las bases fundamentales del Estado.
La reforma parcial aplica cuando los cambios afectan artículos específicos sin desmontar la estructura central del Estado Plurinacional.
El Gobierno sostiene que no busca eliminar el Estado Plurinacional ni modificar derechos fundamentales, sino “modernizar” el funcionamiento económico e institucional.

Los dos caminos para activar la reforma: La Constitución reconoce una vía legislativa y una vía ciudadana para iniciar el procedimiento de reforma parcial.

La vía legislativa requiere que la Asamblea apruebe una Ley de Reforma Constitucional con dos tercios de los miembros presentes en ambas cámaras.
La vía ciudadana exige reunir firmas equivalentes al 20% del padrón electoral nacional, con mínimo 15% en cada departamento, en un plazo de 90 días.

Los filtros institucionales: Antes de llegar a las urnas, la reforma debe atravesar dos controles: el SIFDE del Órgano Electoral revisa que las preguntas del referéndum sean claras y no induzcan al voto, mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional determina si los cambios son realmente una reforma parcial.

Si el TCP concluye que se pretende alterar las bases fundamentales del modelo constitucional, podría bloquear el trámite y obligar a convocar una Asamblea Constituyente.

Las cinco reformas que requieren cambiar la CPE: No todas las diez leyes anunciadas necesitan modificar la Constitución, pero las áreas centrales del proyecto político de Paz sí chocan con el texto vigente.

La reforma de justicia propone reemplazar la elección popular de magistrados (artículos 182, 187, 194 y 197) por designaciones meritocráticas mediante ternas y consensos legislativos.
La apertura al capital privado extranjero en litio, gas y minería verde exige modificar la Cuarta Parte de la CPE, que establece que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano.
El modelo “50-50” de redistribución de recursos entre nivel central y regiones implica modificar la arquitectura fiscal y autonómica vigente.
El desmontaje del “Estado Tranca” enfrenta el artículo 306, que define al Estado como actor central y planificador de la economía bajo el modelo económico social comunitario.
La nueva ley electoral busca blindar constitucionalmente garantías de transparencia e independencia electoral.

Lo que puede avanzar sin tocar la Constitución: Otras iniciativas podrían aprobarse mediante leyes ordinarias o reformas administrativas.

Digitalización de trámites, incentivos al emprendimiento, simplificación burocrática, programas de inversión pública y normativa de bonos de carbono no requieren reforma constitucional.

El cuello de botella político: La reforma parcial exige acuerdos amplios en un escenario altamente polarizado, con una Asamblea fragmentada y sin mayorías automáticas.

Sectores vinculados al expresidente Evo Morales ya comenzaron a denunciar que las reformas buscan “privatizar” recursos estratégicos y desmontar el modelo estatal construido desde 2009.
La Comisión de Cochabamba apunta a construir consenso antes de que las reformas lleguen formalmente a la Asamblea Legislativa.

El antecedente clave: El referéndum del 21F de 2016 sigue siendo el episodio más sensible del sistema político boliviano, cuando la ciudadanía rechazó modificar el artículo 168 para habilitar una nueva reelección presidencial.

Ese proceso dejó una fuerte erosión de confianza institucional tras la posterior sentencia constitucional que habilitó igualmente la repostulación indefinida.

Entre líneas: El Gobierno intenta avanzar con acuerdos de inversión y flexibilizaciones legales parciales mientras busca construir el “paraguas” constitucional definitivo, evidenciando el descalce entre la urgencia económica y los tiempos constitucionales.

Qué sigue: Incluso en el escenario más favorable, la reforma difícilmente podría concretarse en menos de un año, atravesando negociación política, control constitucional, organización electoral, campaña, referéndum, proclamación y promulgación.