¿Avance o desigualdad?: Ley 1720 abre el crédito, pero favorece a los más fuertes

Lo esencial: La Ley 1720 permite a pequeños productores hipotecar sus tierras para acceder a créditos bancarios, pero críticos como el investigador Gonzalo Colque denuncian que la norma favorece a empresarios y sectores ya privilegiados del agro.

Por qué importa: Más de 9,8 millones de hectáreas tituladas a pequeños productores podrían entrar en el proceso de conversión, principalmente en el oriente y los valles donde la presión por expansión agrícola es mayor.

• Quienes conviertan sus predios deberán demostrar uso productivo de la tierra en diez años o enfrentar la reversión total o parcial de su propiedad al Estado.

Estado actual: La ley autoriza al INRA a cambiar la clasificación de pequeña a mediana propiedad en un plazo máximo de diez días hábiles mediante una actualización catastral gratuita.

• El procedimiento solo requiere una solicitud escrita y una declaración jurada del titular.
• El Ejecutivo tiene 60 días hábiles para reglamentar la norma y asegura que buscará diálogo con los sectores preocupados.

Qué dicen: Las posiciones sobre la ley están claramente divididas entre el Gobierno y sus críticos.

• “La ley busca otorgar libertad económica al sector rural”, defiende el ministro Óscar Mario Justiniano, señalando que productores que hoy pagan hasta 28% de interés en el sector informal podrían acceder a tasas bancarias de entre 6% y 9%.
• Gonzalo Colque, investigador de Fundación Tierra, califica el discurso oficial como una “pomada mágica” y un “eslogan hueco que no se apoya en cifras reales”, afirmando que el 71% de los créditos a medianos y grandes propietarios ya se respaldan en activos distintos a la tierra.

Sí, pero: Fernando Asturizaga, asesor de Anapo, aclara que el régimen es estrictamente voluntario y no afecta a tierras comunitarias, colectivas ni Territorios Indígenas Originario Campesinos.

• Sin embargo, Colque advierte que ser dueño de la tierra no equivale a ser el productor real, ya que muchos propietarios funcionan como rentistas y los verdaderos operadores del agro suelen ser inversionistas o contratistas extranjeros con financiamiento propio.

Entre líneas: La verificación de la Función Económica Social exige evidencia tangible de inversión, maquinaria y actividad productiva, condiciones que los pequeños productores convertidos a medianos podrían tener dificultades para cumplir sin respaldo financiero real.

Qué sigue: La publicación de la ley se produjo el martes en medio de la sexta jornada de una marcha de campesinos de Pando que exige su abrogación. El jueves hubo un acuerdo con representantes de dos provincias, mientras otros grupos continúa con el recorrido hacia La Paz.

• Mientras se gestiona la instalación del diálogo con los sectores movilizados, el Gobierno inició el plazo de reglamentación.