Caso Terrorismo: 17 años después, Bolivia afronta procesos internacionales sin reparación a víctimas

Lo esencial: A 17 años del operativo policial en el Hotel Las Américas, el llamado “caso terrorismo” acumula al menos 12 procesos internacionales contra el Estado boliviano, mientras las víctimas siguen sin reparación y se aproxima una etapa decisiva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por qué importa: El foco ya no está solo en lo ocurrido en 2009, sino en la responsabilidad internacional del Estado y la posibilidad de una sentencia vinculante.

• En su informe de fondo (Caso 13546, 2021), la CIDH concluyó que Bolivia es responsable por la violación de derechos fundamentales: vida, integridad personal, libertad y garantías judiciales.

Los hechos: La madrugada del 16 de abril de 2009, una unidad élite de la Policía —la UTARC— irrumpió en el Hotel Las Américas en Santa Cruz.

• Murieron Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer; fueron detenidos Mario Tadic y Elöd Tóásó.
• El operativo se ejecutó sin orden judicial ni presencia fiscal, y las cámaras de seguridad del hotel fueron desconectadas y eliminadas.
• Investigaciones posteriores y pericias internacionales —incluidas autopsias en Europa— concluyeron que no hubo enfrentamiento, sino ejecuciones.

Contexto: Las versiones oficiales sostuvieron que se desarticuló una célula terrorista que buscaba la separación del país. En 2020, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, la Fiscalía retiró la acusación por terrorismo, marcando un giro en la narrativa oficial.

• Ese mismo año se dictaron absoluciones, pero sin reparación integral para las víctimas.

Qué dicen: El caso se debilitó con revelaciones clave del exfiscal Marcelo Soza, quien huyó a Brasil en 2014.

• Soza denunció presiones políticas para incriminar a opositores y confirmó la existencia de torturas y ejecuciones extrajudiciales.
• Un cable filtrado por WikiLeaks sugirió que el operativo pudo haber sido una trampa montada por agentes del Estado.

Los números: Entre los demandantes figuran sobrevivientes, familiares de las víctimas y procesados que denuncian ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, exilio forzado y tortura.

• Algunos reclamos de indemnización alcanzan los 3 millones de euros, montos que el Estado calificó como “excesivos”.
• Una causa colectiva ya se encuentra en la Corte IDH, mientras otras peticiones siguen en la CIDH impulsadas por víctimas y sus familias.

Entre líneas: Durante años, el “caso terrorismo” fue utilizado como argumento político en un contexto de alta polarización, en plena implementación de la nueva Constitución y el debate autonómico.

• El gobierno de Evo Morales defendió el operativo como una acción para evitar la “separación” del país, mientras la oposición lo denunció como un montaje para neutralizar adversarios.

Sí, pero: Persisten cuestionamientos sobre la continuidad de funcionarios vinculados a la defensa estatal durante gobiernos anteriores, a quienes acusan de sostener una “versión distorsionada” de los hechos.

Qué sigue: Las víctimas anticipan que el proceso en la Corte IDH podría entrar en su fase final en los próximos meses, con audiencias clave y una eventual sentencia. También se reportan acercamientos con la Procuraduría General del Estado en busca de una salida que incluya reparación integral.