Lo esencial: El propio proyectista, el diputado Reinaldo Seas (Libre), pidió a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados archivar por 40 días el Proyecto de Ley 494, que buscaba legalizar “por última vez” los autos “chutos” que ya circulan en el país.

Por qué importa: Se archive ahora o avance más adelante, lo que se decida sobre los “chutos” toca a cientos de miles de personas.

Incide en el valor del auto de quien compró legal, en la recaudación de municipios sin recursos y en la seguridad de calles donde circulan vehículos sin placa ni seguro.

Qué propone: El 494 abre un proceso “extraordinario, único e improrrogable” para regularizar autos indocumentados que ya estén en el país, con siete requisitos para acogerse y cinco causales que dejan a un vehículo fuera.

No fija cuánto costará ni cuánto durará el trámite —eso quedaría en manos de la reglamentación del Ejecutivo— y solo alcanzaría a los motorizados ingresados hasta el 1 de mayo de 2026. Toda la recaudación iría a un fondo de infraestructura vial.

Autos “chutos”: quién podría entrar y quién queda fuera

Fuente: Proyecto de Ley 494/2025-2026, según reportes de prensa.

Los 7 requisitos para acogerse	Las 5 causales de exclusión
Acreditar la posesión del vehículo	Tener denuncia de robo en Bolivia, Chile u otros países
Presentar una declaración jurada sobre su origen	Estar vinculado a actividades ilícitas
Aprobar la inspección técnica vehicular	No aprobar la inspección técnica o el control de emisiones
Registrar digitalmente documentación y características	No cumplir condiciones mínimas de seguridad
Pagar tributos, tasas y multas	Estar fuera del país cuando se publique la ley
Contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)	—
Completar el trámite en la plataforma digital única	—

Quiénes la impulsan

El proyectista, Reinaldo Seas (Libre), sostiene que no busca "legalizar lo robado" sino dar seguridad vial y lograr recaudación, y afirma que se la pidieron productores y transportistas rurales.
El gobernador de La Paz, Luis Revilla, respaldó legalizar "por última vez" y dijo que en municipios como Coroico y Caranavi la mayoría de los vehículos es indocumentada.
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, planteó que la nacionalización dejaría ingresos millonarios y que al Gobierno "no le quedará otra".
En campaña, el hoy presidente Rodrigo Paz calificó de "error" no legalizarlos; su Gobierno ahora dice que lo evaluará, pero con condiciones y análisis previo.

Quiénes la rechazan

La Cámara Automotor Boliviana (CAB) advierte que el hecho premiaría el contrabando, devaluaría hasta 50% los autos legales y esconde vehículos de lujo y lavado de dinero; su exdirigente Erick Saavedra la calificó de "ilegal" e "informal".
La Confederación de Choferes rechaza la medida por saturación del parque automotor y por la presión que sumaría sobre el combustible subvencionado.
Dentro de la propia alianza Libre, el jefe Jorge Quiroga afirmó que "lo robado no se puede legalizar", y la jefa de bancada en el Senado, Tomasa Yarhui, desautorizó a Seas y le pidió retirar el proyecto.
En Chile, de donde ingresa la mayoría de estos autos, legisladores advirtieron un posible aumento de robos y anunciaron reclamos.

El antecedente clave: No es la primera vez. En 2011, la Ley 133 nacionalizó 71.995 vehículos "chutos" y recaudó $us 175,7 millones, también "por única vez"; la CAB sostiene que aquella amnistía terminó incentivando más contrabando.

El debate reaparece en plena crisis de dólares y combustibles, con municipios sin recursos y un parque que la CAB estima en más de un millón de indocumentados.

Sí, pero

El texto fija la reglamentación en un plazo de "sesenta (30) días", sin aclarar si son 30 o 60.
La recaudación que promete Seas saltó de $us 1.000 millones a más de $us 6.000 millones, sin un cálculo oficial que la respalde.
Seas ha dicho que el dinero iría mitad a carreteras y mitad a municipios —o a salud y educación—, pero el texto conocido destina el 100% a un fondo vial.
El proyectista invoca al "propietario de escasos recursos", mientras sus críticos denuncian autos de lujo y lavado de dinero detrás del negocio.

Qué sigue: Los 40 días que pidió Seas correrían hasta fines de agosto. En ese plazo anunció que buscará acuerdos con el Ejecutivo, pedirá datos oficiales sobre cuántos indocumentados hay y planteará cerrar fronteras. Él mismo dijo que al final definirá si la ley avanza corregida o queda archivada.