Tras el cerco a La Paz, se reactiva la propuesta de una ruta alterna a Cochabamba
Lo esencial: La Cámara de Diputados aprobó el 3 de julio, con más de dos tercios, el proyecto de ley que declara de prioridad nacional e incorpora a la Red Vial Fundamental el tramo Río Abajo (La Paz)–Quillacollo (Cochabamba).
Por qué importa: El cerco a La Paz durante 53 días evidenció la dependencia del occidente de un solo corredor entre La Paz y Cochabamba.
- El desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal reactivó el debate sobre una ruta alterna que reduzca esa vulnerabilidad, aunque el proyecto aún no tiene financiamiento asegurado.
Lo que promete: Según el senador José Manuel Ormachea (Alianza Libre), impulsor de la iniciativa, la carretera reduciría el viaje entre La Paz y Cochabamba a unas tres horas y media, integraría a 14 municipios de los valles y operaría como una “carretera solidaria”, cuyos peajes financiarían obras en otros departamentos.
- También estimó una inversión de entre $us 120 millones y $us 130 millones, aunque esas cifras aún carecen de un estudio técnico público que las respalde.
El alcance: La ley no financia la obra ni asigna recursos. Autoriza al Ejecutivo a gestionar estudios y buscar financiamiento mediante créditos, donaciones, cooperación internacional o alianzas público-privadas.
- El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, comparó el mecanismo con el decreto que viabilizó el túnel del Aguaragüe: permite planificar el proyecto y gestionar recursos, pero no garantiza su ejecución.
El antecedente: La ruta fue anunciada en 2006, 2007, 2014, 2015 y 2023, sin llegar a concretarse. El único avance físico es el puente sobre el río Sacambaya, cuya construcción comenzó en 2024 con financiamiento del 80% de la CAF (más de $us 24 millones) y del 20% de los municipios de La Paz y Cochabamba.
- Hasta julio de 2026, la obra registraba un avance cercano al 40%, según el activista de la ruta Alejandro Mostajo.
Qué sigue: El proyecto aún debe completar su trámite legislativo antes de ser promulgado. Solo entonces el Ejecutivo podrá encargar los estudios de preinversión —que todavía no existen en versión pública— y gestionar el financiamiento. Por ahora, no hay un cronograma para la construcción.
