Lo esencial: La propuesta de habilitar un “revocatorio extraordinario” para acortar el mandato del presidente Rodrigo Paz y del vicepresidente Edmand Lara abrió un intenso debate jurídico y político, en medio de 33 días de bloqueos y movilizaciones.

Por qué importa: El debate expone una disputa de fondo sobre si la estabilidad democrática debe sostenerse en el respeto irrestricto de las reglas constitucionales o si la gravedad de la crisis habilita mecanismos excepcionales para evitar una ruptura mayor.

La discusión se da mientras sectores movilizados exigen la renuncia del binomio presidencial y el Gobierno defiende la continuidad constitucional, rechazando cualquier salida de fuerza.

Estado actual: El artículo 240 de la Constitución y la Ley 026 del Régimen Electoral establecen requisitos estrictos para activar un referéndum revocatorio que diversos constitucionalistas consideran imposibles de cumplir en 2026.

La revocatoria solo puede solicitarse una vez cumplida la mitad del periodo constitucional; en el caso de Paz, ese plazo recién se cumpliría en mayo de 2028.
El mecanismo debe ser impulsado exclusivamente por iniciativa ciudadana, no por partidos políticos ni por el Gobierno.
Se requiere recolectar firmas equivalentes al 25% del padrón electoral nacional —cerca de 1,95 millones— en un plazo máximo de 90 días, además de alcanzar al menos el 20% del padrón en cada uno de los nueve departamentos.

La propuesta: El diputado y constitucionalista Carlos Alarcón plantea aprobar, mediante dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa, una “Ley Interpretativa” basada en el artículo 4 (III) de la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional para adelantar el mecanismo revocatorio sin reformar la Constitución.

La iniciativa contempla someter a consulta no solo al Presidente y Vicepresidente, sino también a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, titulares y suplentes.
Si el “No” se impusiera en las urnas, el Gobierno quedaría ratificado hasta 2030; si ganara el “Sí”, se convocaría a nuevas elecciones generales en aproximadamente cinco meses.

Qué dicen: La propuesta desató fuertes reacciones en el ámbito político y académico.

“Yo creo que estamos en un momento crucial, es un momento de inflexión (…), pero la catástrofe mayor sería una renuncia presidencial y una convocatoria a elecciones. La crisis sería triplicada en su dimensión”, advierte la politóloga Erika Brockmann.
“El mandato son cinco años con posibilidad de revocatorio solo a mitad de gestión, no a los seis meses”, sostuvo el legislador José Ormachea.
La analista y escritora Amalia Decker calificó la propuesta como una “locura” jurídica y cuestionó que actores políticos planteen vulnerar la Constitución en medio de la crisis.
Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular, coincidió en la necesidad de debatir mecanismos para “adelantar” una consulta popular ante lo que considera una creciente desconexión del Gobierno con la crisis social.
Un referéndum que modifique los términos del periodo constitucional solamente puede convocarse después de la mitad del periodo constitucional. Tenemos solamente seis, siete meses”, afirmó Juan Del Granado, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.
Por s parte, la Vicepresidencia tachó la propuesta de Alarcón como “acción abiertamente anticonstitucional, un intento de utilizar los mecanismos democráticos para vulnerar la democracia misma”.

El antecedente clave: En 2008, durante el gobierno de Evo Morales, se realizó un referéndum revocatorio mediante la Ley 3850 como salida política negociada entre el oficialismo y la oposición, pese a que la Constitución vigente entonces no contemplaba expresamente esa figura.

Los críticos de la propuesta actual responden que la diferencia central es que hoy sí existe un marco constitucional explícito que fija plazos y condiciones concretas para activar la revocatoria.

Los números: Para que el presidente Paz sea efectivamente revocado, el voto por el “Sí” debe superar simultáneamente el porcentaje y la cantidad absoluta de votos obtenidos en la elección original: al menos 3.519.535 votos.

Paz fue elegido con el 54,61% de los votos, respaldado por más de 3,3 millones de electores.

Qué sigue: La propuesta de Alarcón enfrenta un obstáculo político difícil de superar: conseguir dos tercios de apoyo en una Asamblea Legislativa fragmentada y polarizada. Sin ese consenso, el “revocatorio extraordinario” parece más una señal del desgaste institucional que una salida viable.