Lo esencial: El Gobierno de Rodrigo Paz inició gestiones con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un paquete de financiamiento cercano a los 5.000 millones de dólares, en medio de una crisis de iliquidez y casi 30 días de bloqueos en el país.

Por qué importa: El eventual ingreso de divisas podría aliviar las tensiones cambiarias y reforzar las reservas internacionales, enviando una señal de estabilidad a los mercados que facilitaría el acceso a otras fuentes de financiamiento multilateral como el BID o la CAF.

Sin embargo, el acuerdo con el FMI se convierte en un nuevo foco de tensión que podría radicalizar las medidas de presión de los sectores movilizados, que perciben al organismo como un símbolo de pérdida de soberanía económica, según dirigente campesino Luis Alfaro.

El plan: El presidente Paz aseguró que los recursos no se destinarán al funcionamiento del aparato estatal ni al pago de salarios públicos, sino al fortalecimiento de sectores productivos.

El financiamiento se enfocaría en el sector agropecuario, transporte, emprendimientos y organizaciones sociales.
El objetivo es inyectar capital en proyectos que dinamicen la economía regional y mejoren infraestructura como carreteras y hospitales.

Los riesgos: El recurso al FMI conlleva un incremento sustancial de la deuda externa, con obligaciones que deberán cancelarse junto con intereses, comprometiendo potencialmente las finanzas públicas futuras si los fondos no generan resultados económicos reales.

El analista económico Martín Moreira observa que el financiamiento puede terminar cubriendo gastos corrientes o se diluya en proyectos de bajo impacto, sin resolver problemas estructurales como la caída de ingresos por hidrocarburos y los déficits fiscales persistentes.
Moreira también advierte que las condiciones del FMI generalmente exigen que el Estado deje de formar parte del aparato productivo y suelen demandar devaluaciones y ajuste de precios de energéticos a niveles internacionales.

Los números: Las movilizaciones han generado pérdidas estimadas en 600 millones de dólares, un daño económico que la administración de Paz sostiene es superior al registrado durante la pandemia.

Qué dicen: Las voces críticas y oficiales reflejan la polarización que rodea esta negociación.

Alfaro calificó la gestión como un acto de “arrodillarse” ante el FMI, comparando las acciones de Paz con las políticas de Javier Milei en Argentina y advirtiendo que el endeudamiento podría agravar la pobreza.
El expresidente Evo Morales define las protestas actuales como una “rebelión” contra un modelo neoliberal y un gobierno que considera “sometido” a intereses extranjeros.
El presidente Paz negó rotundamente que existan planes de privatización de empresas estratégicas o la implementación de “tarifazos”, insistiendo en que su programa busca un modelo de crecimiento inclusivo basado en el diálogo.

Entre líneas: La negociación con el FMI coloca al Gobierno en una encrucijada: necesita divisas urgentes para estabilizar la economía, pero el acuerdo alimenta la narrativa de los sectores movilizados que ya acumulan casi un mes de bloqueos.

El éxito de la operación depende de que los fondos generen resultados económicos reales, pero el contexto de alta conflictividad dificulta cualquier implementación efectiva de proyectos productivos.