El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. / FOTO: Presidencia.

Rodrigo Paz abroga la ley que limitaba los estados de excepción en plena crisis social

Lo esencial: El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley N° 1732, que abroga la Ley de Estados de Excepción vigente desde 2020, eliminando los controles legislativos que limitaban la capacidad del Ejecutivo para declarar emergencias.

Por qué importa: La medida restaura las facultades del Gobierno para declarar estados de excepción ciñéndose directamente a la Constitución, sin los requisitos adicionales que imponía la norma derogada.

  • Esto ocurre mientras el país atraviesa el día 26 de bloqueos y la distribución de alimentos, combustibles y medicamentos se encuentra en estado crítico.

El proceso legislativo: La normativa tuvo tratamiento de prioridad en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

  • El domingo, la Cámara de Senadores otorgó la aprobación inicial al proyecto de abrogación.
  • Este martes, la Cámara de Diputados sancionó y ratificó la norma por más de dos tercios de los votos en sesión virtual.
  • La ley ya fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado.

Contexto: La Ley N° 1341 del 23 de julio de 2020 fue promovida durante la gestión de Jeanine Áñez por Eva Copa. Según sectores del oficialismo y aliados, esa normativa limitaba la capacidad de acción del Gobierno central mediante regulaciones secundarias y controles legislativos específicos.

Qué dicen: El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad y uno de los impulsores de la medida, argumentó que la ley de 2020 “ataba de pies y manos” al Gobierno para ejercer el uso legítimo de la fuerza estatal en situaciones críticas.

Sí, pero: Mientras organizaciones empresariales y cívicas han demandado medidas más severas para garantizar el abastecimiento, los sectores movilizados —la Central Obrera Boliviana y campesinos que exigen la renuncia de Paz— advierten que el estado de excepción podría profundizar el conflicto.

Qué sigue: Con la entrada en vigencia de la Ley 1732, el Gobierno busca aplicar cualquier medida de emergencia bajo el marco constitucional vigente para preservar la seguridad del Estado y la ciudadanía en medio de la parálisis logística.

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