Lo esencial: La ley boliviana prohíbe a civiles requisar cuarteles. Pese a esto, cocaleros del trópico cochabambino ingresaron ilegalmente a la 9ª División del Ejército en Villa Tunari buscando a supuestos agentes de la DEA, vulnerando la soberanía militar y la seguridad nacional.

Por qué importa: La acción sienta un precedente gravísimo que vulnera la seguridad nacional y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la Constitución y las leyes vigentes, los civiles carecen absolutamente de facultades de fiscalización operativa o física sobre las guarniciones del Estado.
Sólo el Defensor del Pueblo tiene esta prerrogativa de manera excepcional y con fines estrictos de derechos humanos.
Por tanto, la “inspección” de los cocaleros es un delito flagrante contra la seguridad militar.

Lo que dicen las normas: El ingreso de civiles a recintos militares sin autorización activa múltiples disposiciones legales que lo prohíben expresamente.

Marco normativo sobre acceso a instalaciones militares en Bolivia

Fuente: Legislación boliviana vigente · Datos al 26/05/2026

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Norma	Año	Tipo	Contenido clave	Relevancia
Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Ley 280	1963	Ley	Regula estrictamente el acceso a instalaciones militares y establece que estas son zonas restringidas.	Define el régimen de seguridad perimetral y los límites de circulación civil en recintos castrenses.
Código Penal Militar Decreto Ley 13321	1976	Decreto Ley	Tipifica como delito contra la seguridad militar el ingreso no autorizado a instalaciones castrenses.	Establece sanciones penales para civiles o personal no autorizado que vulnere el acceso restringido.
Constitución Política del Estado Art. 246	2009	Constitución	Las FFAA están sujetas a las leyes y no deliberan; los civiles no tienen derecho a fiscalizarlas directamente.	Consagra el principio de obediencia institucional y delimita el control civil indirecto sobre las fuerzas militares.

Qué dicen: Sectores militares y políticos condenaron la irrupción como un acto sin precedentes.

“Esto es una vergüenza. Son duras imágenes para todos los oficiales del servicio pasivo que hemos estado en tiempos donde se respetaba la Constitución, se respetaba a las Fuerzas Armadas”, afirmó el general Omar Cordero, excomandante de la 7ª División del Ejército.
“¿Cuándo se ha visto? Es insólito que dirigentes sindicales, dirigentes cocaleros entren a inspeccionar una unidad militar. No tienen ningún respaldo legal, ningún respaldo constitucional”, fustigó Israel Mérida, presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba.

¿Quiénes tomaron el cuartel?: En el evento de 2026 (25 de mayo), cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba cercaron e ingresaron a la 9ª División del Ejército en Villa Tunari.

Estos son los mismos cocaleros afines a Evo Morales que tomaron los cuarteles en 2024, dirigidos por el secretario político Vicente Choque y organizados por las centrales del Tipnis.

Entre líneas: Detrás de la “inspección” subyace una marcada agenda de presión política vinculada al temor por la captura de Evo Morales.

Los cocaleros han mantenido un estado de alerta permanente desde octubre de 2024, tomando previamente el retén de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) y el aeropuerto de Chimoré; la irrupción al cuartel es la escalada más reciente de ese nerviosismo.

El antecedente clave: El 31 de octubre de 2024, cocaleros afines a Evo Morales asaltaron tres unidades militares en el Chapare, donde retuvieron a veinte personas entre uniformados y personal médico.

Durante la ocupación de los regimientos, los manifestantes saquearon armamento bélico, incluyendo fusiles y municiones, y efectuaron disparos.

Sí, pero: El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, intentó matizar la gravedad argumentando que pudo tratarse de un ingreso “coordinado y conversado” con los militares.

Qué sigue: Grupos de pobladores instalaron una vigilia permanente en las puertas del cuartel de Villa Tunari, manteniendo un clima de alta tensión y hostigamiento en la región del Chapare.