Ilustración: El Post

Bolivia tiene los minerales que el mundo necesita; Growth Lab de Harvard explica por qué nadie los está sacando

Las exportaciones mineras superaron a los hidrocarburos como principal fuente de divisas. Pero la producción real está estancada desde 2014, no se abre una mina grande desde 2008 y la inversión en exploración cayó al mínimo. Harvard identifica seis reformas para destrabar el sector.

EL POST – REDACCIÓN – ABRIL 2026

EL INFORME: El Post continúa su análisis del informe “Un Giro Económico para Bolivia”, publicado en abril de 2026 por el Growth Lab de Harvard Kennedy School y liderado por el economista Ricardo Hausmann. Esta sexta entrega se concentra en el estudio temático sobre minería y litio, elaborado por Lucas Lamby y Ricardo Hausmann (Working Paper N° 264). El documento es resultado de 18 meses de investigación financiada por el empresario boliviano-estadounidense Marcelo Claure.

Lo esencial

En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron aproximadamente $us 5.000 millones y representaron el 52% de las exportaciones totales, superando por primera vez a los hidrocarburos como la principal fuente de divisas del país. Pero detrás del récord hay un estancamiento: la producción real de minerales de Bolivia no crece desde 2014. El alza la explican los precios internacionales, no más toneladas extraídas.

Por qué importa

  • El imperativo macroeconómico: la minería pasó a ser la primera fuente de divisas de un país con escasez crónica de dólares. Si las minas existentes envejecen sin reemplazo, parte de ese flujo desaparece en pocos años.
  • El activo único: Bolivia tiene los mayores recursos de litio del mundo —aproximadamente 23 millones de toneladas, el 15% mundial—, una quinta parte de los recursos globales de antimonio, y es ya el quinto productor mundial de plata y el cuarto exportador mundial de zinc.
  • Una ventana que se cierra: la transición energética y las tensiones geopolíticas en torno a las cadenas de suministro de minerales críticos abrieron una oportunidad. Pero los proyectos mineros toman entre 10 y 20 años en madurar. La inacción de hoy es producción perdida en la próxima década.

El diagnóstico: el espejismo de los precios

A precios corrientes, el valor de la producción minera boliviana pasó de unos $us 515 millones en 1992 a $us 4.000 millones en 2014, y alcanzó aproximadamente $us 7.100 millones en 2025. La curva sugiere un sector en expansión sostenida.

Pero cuando se miden las toneladas extraídas a precios constantes del período 1990-2000, la historia es otra. Entre 2005 y 2014, Bolivia experimentó un crecimiento real genuino: la producción real aumentó en aproximadamente $us 830 millones constantes. Desde 2014, en cambio, la producción real se ha estancado, con una variación de apenas -$us 14 millones constantes a pesar de los precios récord.

El contraste con los vecinos es severo. Bolivia comparte con Chile, Perú y Argentina el Cinturón Metalogénico de los Andes Centrales, una de las regiones mineras más productivas del mundo. Pero no logró aprovechar el ciclo.

Bolivia exporta diez veces menos minerales por habitante que Chile

Bolivia exporta diez veces menos minerales por habitante que Chile

Exportaciones mineras per cápita en $us, 2024 · Fuente: Growth Lab de Harvard con datos de UN Comtrade y Banco Mundial
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País Exportación per cápita Vs. Bolivia
Chile $us 2.820 9,6 veces
Perú $us 1.362 4,6 veces
Bolivia $us 295

Más revelador aún: desde 2008 no se ha abierto ninguna mina a gran escala en Bolivia. La inversión privada en exploración —el indicador más directo de futura producción— alcanzó su pico en aproximadamente $us 56 millones en 1997 y desde 2012 no ha vuelto a niveles comparables. Bolivia capta hoy una fracción marginal de la inversión global en exploración minera.

Cuatro minas que sostienen el sector y se acercan al final

La producción minera privada de Bolivia se concentra en cuatro operaciones principales: San Cristóbal, San Bartolomé, San Vicente y Sinchi Wayra. En conjunto representan aproximadamente el 85% de la producción privada del país.

El problema es que varias de ellas están envejeciendo:

  • San Bartolomé ya dejó de producir como mina activa; ahora compra mineral a cooperativas y lo procesa.
  • San Vicente podría tener cuatro años más de producción, según las reservas y la producción anual reportada por su operador (Pan American Silver, 2025).
  • San Cristóbal y San Vicente juntas generan $us 1.500 millones anuales en exportaciones. Sin acuerdos de expansión —que aún no existen—, ese flujo está en riesgo.

La ausencia de nuevos proyectos significativos en la última década implica que la cartera de minas que las reemplazarán es escasa.

La primera traba: reglas que no aguantan una década

Un proyecto minero requiere horizontes de inversión de 15 a 20 años. Eso exige reglas estables. Bolivia no las tiene.

En las últimas tres décadas, la política minera del país osciló entre dos modelos: un marco liberal en los años 90 que permitió abrir las grandes minas privadas que aún sostienen al sector, una fase de nacionalización después de 2006, y la apertura parcial bajo la Ley 535 en 2014. Para un inversor que necesita amortizar capital en 20 años, ese patrón es disuasivo en sí mismo.

La encuesta anual del Instituto Fraser a ejecutivos mineros ubica a Bolivia en el puesto 62 de 68 jurisdicciones mineras evaluadas en 2025. Chile aparece en el puesto 24. Las principales barreras citadas por los inversionistas son inestabilidad política, superposición regulatoria, regulaciones laborales, sistema legal y seguridad.

Lo que realmente disuade a los inversionistas mineros en Bolivia

Lo que realmente disuade a los inversionistas mineros en Bolivia

% de ejecutivos del sector que considera el factor “fuerte disuasión” o “no invertiría” · Promedio 2023-2025 · Fuente: Encuesta Anual del Instituto Fraser a Empresas Mineras
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# Barrera Nivel de disuasión
1 Inestabilidad política
~70%
2 Superposición regulatoria
~48%
3 Regulaciones laborales y militancia sindical
~47%
4 Sistema legal
~47%
5 Seguridad
~43%
Porcentajes aproximados según Figura 6 del informe. Bolivia obtiene peores resultados que la mayoría de las jurisdicciones mineras en todas las dimensiones cubiertas por la encuesta.

Tres elementos del marco legal actual son particularmente costosos:

Los derechos mineros perdieron valor financiero. El Código Minero de 1997 otorgaba concesiones —derechos transferibles e indefinidos que podían venderse, heredarse y usarse como garantía bancaria—. La Ley 535 de 2014 las sustituyó por Contratos Administrativos de Minería que no pueden venderse, transferirse ni utilizarse como garantía (artículos 98 y 136). Más decisivo aún: no pueden clasificarse como reservas minerales en los balances de empresas que cotizan en bolsa, lo que excluye a Bolivia de la financiación bursátil internacional.

Bolivia salió del arbitraje internacional. En 2007 abandonó el Convenio del CIADI y luego rescindió la mayoría de los tratados bilaterales de inversión. Los inversionistas no cuentan ni con seguridad jurídica interna ni con recurso internacional ante una eventual expropiación.

Hay zonas y minerales completamente vedados. Las empresas extranjeras no pueden invertir a menos de 50 kilómetros de las fronteras, restricción que afecta cerca de 260.600 km² del territorio nacional (Fundación Milenio, 2024) y bloquea el corredor cuprífero del altiplano occidental. Y la explotación privada de minerales de tierras raras está totalmente prohibida.

El caso litio: ocho años de promesas y 2.462 toneladas

El sector del litio es el caso más severo del modelo institucional vigente. Ilustra cómo la concentración del riesgo tecnológico, financiero y social en el Estado puede convertir un recurso de clase mundial en producción simbólica.

El litio boliviano: ocho años de promesas y 2.462 toneladas

Hitos del modelo estatal de explotación del litio · Fuente: Growth Lab de Harvard, Working Paper N° 264 (2026)
2008

Bolivia inicia su apuesta estatal por el litio

Comienza la inversión pública en infraestructura basada en tecnología de evaporación solar para extraer litio del Salar de Uyuni.

2017

Ley 928 crea Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB)

Todas las actividades relacionadas con el litio quedan bajo autoridad exclusiva del Estado, ejecutadas directamente por YLB o mediante empresas conjuntas con participación mayoritaria de la estatal.

2024

YLB firma contratos con CATL (China) y Uranium One (Rusia)

Los acuerdos buscan incorporar tecnología de extracción directa de litio. Ninguna de las dos empresas seleccionadas tiene experiencia directa en esta tecnología.

Inversión acumulada de YLB: más de $us 800 millones
2025

La justicia suspende los contratos con CATL y Uranium One

Una acción legal obtiene medidas precautorias que paralizan la ratificación legislativa, a la espera del cumplimiento de los derechos de consulta indígena y de las evaluaciones de impacto ambiental exigidos por el Convenio 169 de la OIT.

Producción 2025: 2.462 t LCE — Capacidad instalada: 15.000 t
Marzo 2026

YLB se considera técnicamente en quiebra

El gobierno detecta la situación financiera crítica de la empresa estatal en el contexto del relevamiento de empresas públicas con deudas y pérdidas estructurales.

El benchmark regional

Mientras tanto, los vecinos producen a otra escala

En 2025, Chile produjo aproximadamente 298.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) y Argentina, 122.000 toneladas. Bolivia, 2.462. Argentina sostiene una cartera de más de 40 proyectos de litio con un modelo impulsado por inversión privada.

Bolivia tiene aproximadamente 23 millones de toneladas de recursos de litio, alrededor del 15% del total mundial, lo que la posiciona como el segundo poseedor de recursos del planeta después de Argentina (28 millones de toneladas). Pero en 2025 produjo apenas 2.462 toneladas métricas de carbonato de litio, frente a una capacidad instalada de 15.000 toneladas métricas.

Para dimensionar la brecha:

  • Chile produjo 298.000 toneladas LCE en 2025.
  • Argentina, 122.000 toneladas.
  • Bolivia, 2.500.

La empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que tiene el monopolio sobre los recursos evaporíticos por la Ley 928, ha invertido más de $us 800 millones desde 2008 en plantas basadas en evaporación solar. Esa tecnología es inviable en el Salar de Uyuni: tiene una proporción magnesio-litio de 19:1, frente a 6:1 del Salar de Atacama en Chile y 1:1 del Hombre Muerto en Argentina, y el Altiplano boliviano recibe lluvias estacionales más intensas.

El giro de YLB hacia asociaciones con el consorcio chino CATL y la rusa Uranium One en 2024 —para incorporar tecnología de extracción directa de litio— enfrentó dos problemas. Los contratos fueron suspendidos por la justicia a pedido de organizaciones que invocaron la falta de estudios de impacto ambiental y consulta previa exigidos por el Convenio 169 de la OIT, que tiene rango constitucional en Bolivia. Y ninguna de las dos empresas seleccionadas tiene experiencia directa en extracción directa de litio.

En marzo de 2026, el gobierno detectó que YLB se considera técnicamente en quiebra.

Mientras tanto, en Argentina la inversión privada sostuvo una cartera de más de 40 proyectos de litio. La producción argentina creció rápido. En Chile, el modelo combina operación privada con supervisión estatal y captura de rentas; las recientes asociaciones de Rio Tinto con CODELCO y ENAMI muestran que ese marco sigue atrayendo capital de gran escala.

La segunda traba: tres mineros, ningún equipo

La estructura del sector minero boliviano es tripartita: empresas privadas, empresas estatales y cooperativas. Cada actor opera con incentivos distintos, marcos legales distintos y, sobre todo, sin un mecanismo legal que les permita colaborar.

Las cooperativas concentran el 92% del empleo y el 1,6% de la productividad por trabajador

Las cooperativas concentran el 92% del empleo y el 1,6% de la productividad por trabajador

Estructura del sector minero boliviano · 2024 · Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia, citado por Growth Lab de Harvard
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Actor Empleo % empleo Producción % producción Productividad por trabajador
Estatal 5.985 3,6% $us 528 M 9,2% $us 88.269
Privada 7.383 4,5% $us 2.743 M 47,9% $us 371.596
Cooperativas 152.313 91,9% $us 2.458 M 42,9% $us 16.141
Total 165.681 100% $us 5.730 M 100% $us 34.586

Los datos del Ministerio de Minería y Metalurgia para 2024 muestran tres mundos:

  • El sector privado emplea a 7.383 trabajadores y genera $us 371.596 de producción por trabajador. Opera principalmente en zinc y plata.
  • El sector público (COMIBOL principalmente) emplea a 5.985 trabajadores con $us 88.269 por trabajador. Se concentra en estaño.
  • Las cooperativas emplean a 152.313 trabajadores —el 92% del empleo minero— pero generan apenas $us 16.141 por trabajador. Producen casi todo el oro del país.

El empleo cooperativo se duplicó con creces entre 2009 y 2024. Su régimen fiscal es muy favorable: están exentas del impuesto sobre la renta de las sociedades, el IVA, los impuestos sobre ganancias extraordinarias y los impuestos sobre transacciones, y por lo general pagan solo regalías reducidas. Esas exenciones no están vinculadas a la escala ni a la rentabilidad.

El artículo 151 de la Ley 535 prohíbe explícitamente las asociaciones formales entre cooperativas y empresas privadas. Esa prohibición bloquea la transferencia de capital, tecnología y prácticas de gestión que en Perú, por ejemplo, ayudó a formalizar parte de la minería artesanal sin expulsar a la inversión a gran escala.

El caso Silver Sand: dos años para recuperar una concesión

La fragmentación tiene consecuencias operativas concretas. El proyecto Silver Sand de la empresa New Pacific Metals —una de las dos únicas inversiones significativas en proyectos totalmente nuevos en la última década— enfrentó la invasión de mineros artesanales que operaban ilegalmente dentro de su área de concesión, pese a que las cooperativas legalmente reconocidas en las cercanías no generaban conflicto.

La empresa inició acciones legales a fines de 2023. Tuvo que esperar hasta mediados de 2025 para que una sentencia judicial restableciera el control total del yacimiento. Durante esos casi dos años, partes de la concesión estuvieron bloqueadas y el desarrollo del proyecto se detuvo.

No es un caso aislado. En 2012, parte de la mina Colquiri de Glencore fue transferida a cooperativas tras disturbios laborales. Ese mismo año, la oposición de comunidades y cooperativas provocó la expulsión de South American Silver del proyecto Mallku Khota.

El mensaje a los inversionistas es claro: la seguridad de la tenencia minera puede ser objeto de disputas políticas, particularmente en áreas donde operan cooperativas.

Los seis pilares de la reforma

Harvard organiza su propuesta en seis pilares de reforma que pueden implementarse, en su mayoría, sin cambios constitucionales y modificando artículos específicos de la Ley 535 vigente.

Las seis reformas que Harvard propone para destrabar la minería boliviana

La mayoría no requiere cambio constitucional: alcanza con modificar artículos específicos de la Ley 535 · Fuente: Growth Lab de Harvard, Working Paper N° 264 (2026)
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Pilar de la reforma Medidas concretas Impacto esperado
1Derechos mineros seguros y financiables Permitir transferibilidad condicional con aprobación administrativa, establecer reglas transparentes para renovación y expansión, y permitir el uso del contrato como garantía bancaria.
Modifica arts. 17, 18, 98, 136 y 144 de la Ley 535
Reduce el riesgo político percibido, baja los costos de financiamiento y reactiva la inversión en exploración.
2Estado comercialmente coherente y regulador independiente Aclarar mandatos de COMIBOL y AJAM. Reorientar a COMIBOL hacia preparación de proyectos invertibles. Convertir a AJAM en regulador autónomo. Reforzar gobernanza corporativa de las estatales.
Reforma de la Ley 466 de empresas estatales
Separa funciones que hoy se confunden y reduce conflictos de interés sin disminuir el rol del Estado.
3Permisos y consultas predecibles Plazos claros para concesión de permisos y consulta previa. Etapas procedimentales y plazos administrativos definidos. Digitalización de trámites. Fortalecimiento institucional para procesos de consulta. Acorta plazos de desarrollo de proyectos sin reducir derechos de comunidades indígenas.
4Reforma del marco cooperativo Permitir asociaciones estructuradas entre cooperativas y empresas privadas. Régimen fiscal gradual basado en escala y rentabilidad, no en clasificación legal. Acceso de cooperativas a servicios técnicos, financiamiento e información geológica.
Reforma del art. 151 de la Ley 535
Aumenta la productividad, facilita la transferencia de tecnología y reduce conflictos territoriales.
5Marco competitivo y escalable para el litio Eliminar el monopolio de YLB. Permitir participación mayoritaria privada bajo contratos transparentes. Establecer un regulador autónomo del litio. Licitación competitiva para desarrollo de proyectos.
Reemplazo de la Ley 928
Moviliza capital y tecnología imprescindibles para convertir los recursos del Salar en producción comercial.
6Régimen fiscal neutral y progresivo Mayor progresividad vinculada a rentabilidad. Simplificación de la base de regalías. Indexación de deducciones por depreciación a inflación y tipo de cambio. Estabilidad fiscal para inversiones de largo plazo.
Modifica arts. 226 y 227 de la Ley 535
Reduce el riesgo de pérdidas para proyectos marginales y preserva ingresos públicos en operaciones rentables.

El informe es enfático en un punto: no se trata de reducir el rol del Estado, sino de separar funciones que hoy se confunden. Hoy COMIBOL es propietaria de áreas reservadas, socia comercial en empresas conjuntas y, en la práctica, parte del aparato regulatorio. La AJAM —el regulador minero creado por la Ley 535— funciona más como tribunal administrativo que como agencia técnica autónoma.

La propuesta es reorientar a COMIBOL hacia la preparación de proyectos invertibles —levantamientos geológicos, resolución de cuestiones de titularidad, compromiso temprano con comunidades— para licitar luego áreas a operadores técnicos. Y transformar la AJAM en un regulador genuinamente independiente, con un mandato exclusivo de permisos, supervisión ambiental y monitoreo de cumplimiento.

Bolivia ya operó un modelo análogo: el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), creado por la Ley 1600 de 1994, contó con reguladores independientes financiados de forma autónoma. Su diseño y las condiciones bajo las que perdió independencia después de 2006 ofrecen lecciones directamente aplicables.

Señales de movimiento

El informe registra avances iniciales del gobierno de Rodrigo Paz:

  • Se ha reconocido públicamente la necesidad de una reforma minera y una nueva ley, aunque los contenidos aún se discuten.
  • Bolivia presentó su potencial minero en la conferencia PDAC en Toronto en marzo de 2026, la principal feria mundial de la industria.
  • Se anunció la intención de reformar la prohibición legal de las colaboraciones entre cooperativas y empresas privadas (artículo 151 de la Ley 535), aunque los detalles fiscales y regulatorios resultantes son la pieza clave.

El momento de decisión

La diagnosis central del informe: “El sector minero de Bolivia se encuentra en una encrucijada crítica. El país posee importantes recursos minerales y perspectivas favorables de demanda a largo plazo, particularmente en minerales vinculados a la transición energética global. Sin embargo, sin reformas que restablezcan la confianza de los inversionistas y fortalezcan los cimientos institucionales del sector, gran parte de este potencial seguirá sin materializarse.”

La advertencia operativa: a medida que envejecen las minas existentes, se corre el riesgo de perder incluso parte de la capacidad de producción actual.

La ventana temporal: la mayoría de las reformas propuestas no requieren cambio constitucional y pueden implementarse modificando artículos específicos de la Ley 535. Los efectos en producción, sin embargo, llegarán en plazos distintos. Las mejoras en proyectos existentes y en colaboración cooperativas-privados pueden materializarse en pocos años. Los grandes proyectos nuevos exigen entre una y dos décadas desde la decisión política hasta la primera tonelada exportada.

La pregunta no es si Bolivia tiene minerales suficientes. Los tiene, y de los más demandados del siglo XXI. La pregunta es si tendrá las reglas para extraerlos antes de que la demanda global se diversifique hacia otros productores y otras tecnologías.

FUENTE

Growth Lab Working Paper N° 264 (abril 2026). Lamby, L., Hausmann, R. “Un Giro Económico para Bolivia: Desbloqueando el Potencial Minero y del Litio”. John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Financiado por Marcelo Claure.

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