El presidente Rodrigo Paz, en conferencia de prensa. / FOTO: APG

Gobierno reporta ingreso de 5.000 cisternas con combustible adulterado con agua y aceite desde Chile

Lo esencial: El Gobierno de Bolivia reportó que al menos 5.000 cisternas ingresaron desde Chile con combustible adulterado con agua y aceite, como parte de una red internacional de robo y sabotaje de hidrocarburos detectada tras una investigación oficial.

Por qué importa: La adulteración provocó un severo daño al patrimonio de los transportistas bolivianos y un “inmenso daño” al parque automotor nacional, afectando al transporte público, privado y a los productores.

  • El Gobierno estima una pérdida económica de 150 millones de dólares y vincula esta red con las mafias que generaron largas filas en surtidores, donde la población perdía entre tres y cuatro días de trabajo por semana.

Los hechos: La investigación fue liderada por el Ministerio de Gobierno en coordinación con las carteras de Hidrocarburos y Relaciones Exteriores y calificó el caso como una “gigantesca operación financiera delictiva”.

  • El esquema consistía en extraer entre 700 y 1.000 litros de diésel o gasolina de cada cisterna en garajes particulares de Arica e Iquique.
  • Para evitar ser detectados, los responsables reemplazaban el volumen robado con agua sucia extraída de acequias y aceite usado para simular el color original del combustible.
  • El carburante era luego despachado hacia plantas de distribución en Bolivia, principalmente la de Senkata en El Alto.

Los números: La investigación determinó que la red sustrajo aproximadamente 150 millones de litros de combustible.

Qué dicen: El presidente Rodrigo Paz calificó el hecho como un “boicot al pueblo de Bolivia” y una “traición a la patria”.

  • El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la red delictiva tiene sus orígenes en la anterior administración de YPFB y anunció una intervención directa para “recuperar YPFB” de grupos de poder y familias vinculadas a “contratos leoninos”.

Qué sigue: El Gobierno trabaja con autoridades de Chile, incluida su fiscalía y ministerios de seguridad, para perseguir a la mafia internacional, mientras algunos responsables ya están en prisión y deberán “devolver lo robado” y enfrentar la justicia ordinaria.

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