Planta de urea vuelve a parar y experto plantea darla en concesión
El Post
Lo esencial: La Planta de Amoniaco y Urea de YPFB, en Bulo Bulo, enfrenta una nueva paralización por la rotura de 13 tubos en el caldero principal, sumándose a múltiples paros desde su inauguración en 2017.
- Ante esta crisis operativa sistemática, el exministro Álvaro Ríos propone dar la operación en concesión a un actor privado para garantizar su funcionamiento continuo.
Por qué importa: La planta ha producido apenas 2,4 millones de toneladas en nueve años cuando su capacidad instalada permitía producir 6,3 millones de toneladas, y generó ingresos de solo 874 millones de dólares.
- Esta ineficiencia operativa compromete la viabilidad financiera de lo que Ríos califica como una de las inversiones “más funestas” del MAS.
El problema de fondo: Según el analista José Padilla, la infraestructura presenta “paros obligados cada tres meses”, lo que impide una producción continua y merma los ingresos por exportación.
- Entre 2017 y 2019 la planta sufrió múltiples paros no programados por problemas en calderas, turbinas y sistemas de enfriamiento.
- El periodo más crítico ocurrió entre finales de 2019 y septiembre de 2021, cuando permaneció inactiva por casi dos años.
La solución propuesta: Ríos plantea un modelo de “holding” donde YPFB Corporación sea la empresa madre, las subsidiarias las empresas hija, y las operadoras asociadas al capital privado funcionen como “nietas”. Un operador privado tendría la agilidad necesaria para:
- Garantizar la eficiencia técnica: Superar la burocracia actual para mantener la planta operando constantemente.
- Asegurar insumos: Gestionar el abastecimiento de gas natural, ya sea del mercado interno o mediante importaciones desde Argentina.
- Recuperar mercados: Restablecer la credibilidad ante los compradores internacionales de urea.
Los números: La capacidad instalada es de 700.000 toneladas anuales, pero, entre 2017 y septiembre de 2025, su tasa de operación estuvo en un promedio del 38%. El volumen de producción fue distinto en cada gestión, por ejemplo, en 2020 solo se reportaron algo más de 7.000 toneladas por paro prolongado.
Qué sigue: Según Ríos, este esquema jurídico permitiría la asociación con capitales privados sin necesidad de modificar la Constitución Política del Estado, facilitando una transición hacia la eficiencia y la competitividad que se puede concretar en un plazo de 30 a 45 días tras un diagnóstico profundo.
