El Post

Lo esencial: En medio de la ruptura política entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara, el mandatario cerró la ADSIB, que estaba bajo tuición de la Vicepresidencia, y transfirió todas sus funciones al Ministerio de la Presidencia.

Las funciones de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB) pasan ahora a la AGETIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación).

Esto se consolida mediante el Decreto Supremo 5519 que también crea la Oficina Virtual del Presidente.

Por qué importa: El control de la infraestructura digital crítica del Estado pasa completamente a manos del Presidente, quien ahora puede gobernar a distancia sin depender de la suplencia del Vicepresidente.

La medida reduce drásticamente la capacidad operativa del Vicepresidente.

Las funciones clave: La ADSIB funcionaba como la “llave técnica” de la legalidad digital de Bolivia con competencias estratégicas que ahora controla directamente el Presidente.

Administración de la firma digital.

Certificación electrónica.

Registro de los dominios “.bo”.

Custodia del Repositorio Estatal de Software Libre.

El trasfondo político:

El Gobierno presenta la medida como un paso hacia la modernización y eficiencia para evitar duplicidad institucional, el contexto apunta a la “pulseta” entre Paz y Lara.

Si el Presidente puede firmar, decidir y validar actos oficiales a distancia mediante el uso de la tecnología, la necesidad de delegar el mando a un Vicepresidente “opositor” se vuelve irrelevante en la práctica.

Qué dicen: La medida ha generado una tormenta de reacciones entre quienes la critican y quienes la defienden.

Freddy Vidovic (secretario general de la Vicepresidencia): Denunció una “decretocracia” que busca gobernar al margen de la Constitución y afirmó que el cierre es una respuesta porque la digitalización empezaba a “tocar la corrupción”.

Daniel Fernández (diputado): Lamentó que la Vicepresidencia esté quedando “como un adorno”.

Julio Linares (viceministro): Dijo que la ADSIB y AGETIC habían sido usadas como instrumentos de “espionaje político” y ahora cumplirán funciones técnicas reales.

El vaciamiento progresivo: La pérdida de la ADSIB es solo el golpe más reciente a una Vicepresidencia que ha sufrido un debilitamiento sistemático de funciones estratégicas.

Rol en la continuidad del mando: Reducido por la implementación del telegobierno.

Arbitraje técnico: La coordinación transversal entre ministerios se desplazó al Ministerio de la Presidencia.

Agenda digital: El liderazgo en la modernización estatal pasó íntegramente al núcleo presidencial.

Rol legislativo: Reducido a funciones meramente formales.

Denuncias contra la ADSIB: El periodista Juan Carlos Arana hace estas denuncias de cómo era utilizada la ADSIB en la gestión de García LInera y David Chioquehuanca, como vicepresidentes de Evo Morales y Luis Arce, respectivamente.

Espionaje y persecución ciudadana: Técnicos capacitados en Cuba e Irán utilizaban la infraestructura digital para espionaje electrónico, monitoreando movimientos financieros y conversaciones privadas de ciudadanos.

Implementación del “Canal Rojo”: Existencia de una lista negra,”Canal Rojo”, para dar “muerte civil” a periodistas críticos, bloqueándoles el acceso a publicidad estatal, cátedras universitarias y cualquier derecho al trabajo con el Estado.

Manipulación del Padrón Electoral: Creación de un comando en la ATT para “pinchar” el padrón electrónico e inflar la votación del MAS (del 1.5% real al 3% legal) y evitar que perdiera su personería jurídica.

Sabotaje al ejercicio de la Presidencia: La ADSIB (bajo control de la facción “larista”) le negó sistemáticamente la firma digital al presidente Rodrigo Paz para impedirle gobernar de forma virtual y obligarlo a ceder el mando al viajar al exterior.

Control de ascensos en fuerzas de seguridad: Denuncia que el sistema era utilizado para manipular notas y “perder” expedientes (files) de policías y militares, controlando políticamente quiénes ascendían en sus respectivas instituciones.

Corrupción y despilfarro tecnológico: Señala la compra de equipos de seguridad (HCM) por un valor de 300,000 bolivianos cada uno que, a pesar de figurar en el presupuesto y haber costado millones de dólares al Estado, nunca llegaron a funcionar.

Qué sigue: