Lo esencial: El gobierno de Rodrigo Paz Pereira anunció la abrogación del Decreto Supremo 5503 tras 24 días de protestas y seis de bloqueos nacionales, además de negociaciones rotas con la COB, pero mantendrá el retiro de la subvención a carburantes y las medidas económicas centrales en una nueva normativa.

Se conservan los bonos y las disposiciones sobre salario mínimo.

Por qué importa: El acuerdo de este 11 de enero en El Alto descomprime una crisis que paralizó el país con 65 puntos de bloqueo y pérdidas diarias de 120 millones de dólares, pero preserva el núcleo de la corrección fiscal que el Gobierno considera inevitable ante la insolvencia estructural heredada.

El punto crítico: El 9 de enero colapsaron las negociaciones entre el Gobierno y la COB por el Decreto Supremo 5503.

El Gobierno defendió el decreto como una “decisión de Estado inevitable” ante la crisis fiscal.

La COB exigió la abrogación total del decreto.

Mario Argollo afirmó: “El pedido unánime de parte de todos los sectores era único: la abrogación del decreto 5503”.

El choque de modelos: El conflicto expuso dos visiones irreconciliables sobre cómo salir de la crisis fiscal heredada.

Para el Gobierno y analistas como Carlos Cordero, Gonzalo Chavez y Franklin Pareja, entre otros: el decreto era una cirugía de emergencia frente a la insolvencia estructural por subsidios insostenibles de 1.400 millones de dólares anuales.

Alfonso Velarde, secretario del Partido Obrero Revolucionario en el programa Diálogo en Panamericana: describió al DS 5503 como “planteamiento neoliberal” que descargaba la crisis sobre sectores populares y reforzaba la condición de Bolivia como “semicolonia”.

Carlos Cordero respaldó la legitimidad del Gobierno en el 55% de los votos con los que llegó al poder.

El diputado Carlos Alarcón advirtió que el bloqueo “no es un derecho, sino un medio delictivo que nos inviabiliza como país”.

Actores y opiniones de analistas: Las carreteras fueron tomadas pero las ciudades, donde vive el 78% de la población, no registraban movilizaciones masivas.

Franklin Pareja: “Una minoría de bolivianos está secuestrando a una abrumadora mayoría”, dijo en el programa “Noches sin tregua” de Cadena A.

Pareja sostuvo que la eliminación de la subvención “pulverizó un gigantesco negocio” de contrabando, en alusión a los intereses económicos detrás de las movilizaciones.

Johnny Nogales, analista político, señaló, en Panamericana, al “masismo desplazado” y al propio Vicepresidente como actores que apostaban al desgaste del Gobierno.

El diputado de Unidad, Carlos Alarcón, identificó una “nueva oligarquía sindical” consolidada durante 20 años del MAS, más preocupada por preservar prebendas que por lograr conquistas sociales.

El acuerdo clave: Tras varias horas de diálogo el 11 de enero en El Alto, el Gobierno y la COB acordaron abrogar el DS 5503 pero trasladar sus artículos económicos consensuados a una nueva normativa.

Se mantiene el retiro de la subvención a los carburantes.

Se preservan los bonos sociales: incremento al Juancito Pinto, Renta Dignidad y otros beneficios.

Se mantiene el aumento al salario mínimo.

Se eliminan los artículos observados por la COB y considerados inconstitucionales.

Qué dicen los protagonistas: El Gobierno presenta el acuerdo como un triunfo del diálogo, sin ceder en lo fundamental.

José Luis Lupo (ministro de Presidencia): “El diálogo ha sido clave”.

José Gabriel Espinoza (ministro de Economía): “Se anula lo no aceptado y se transfiere la parte económica consensuada a un nuevo decreto”.

Marco Antonio Oviedo (ministro de Gobierno): exhortó a levantar de inmediato los bloqueos.

Mario Argollo (ejecutivo de la COB): “Contentos porque la unidad del pueblo boliviano ha logrado esto”.

Andrés Paye (dirigente minero): “Misión cumplida, compañeros. Y siempre estaremos del lado del país”.

Entre líneas: El gobierno de Rodrigo Paz Pereira logró un objetivo político central: descomprimir la crisis sin retroceder en el corazón de la reforma económica.

La conclusión: El poder político logró evitar el colapso por ahora, pero queda por verse si este giro se convierte en un nuevo pacto social o en una frágil tregua.