Banca y prestatarios acuerdan suspender remates de vivienda social por 6 meses
Lo esencial: El sistema financiero nacional y las organizaciones de prestatarios acordaron este lunes suspender por seis meses los embargos y remates de viviendas adquiridas mediante créditos de vivienda de interés social, en el marco de un acta de entendimiento mediada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Por qué importa: La medida busca aliviar la situación de miles de familias que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias, sin comprometer la solidez del sistema bancario.
- El acuerdo se aplica con criterios técnicos y evita efectos sistémicos negativos, según la explicación oficial.
- La suspensión no generará intereses adicionales ni incrementos en las tasas de interés, ni aplicará sanciones o penalidades.
Los hechos: El acta de entendimiento establece un alivio crediticio temporal y focalizado, diferenciado de anteriores intentos normativos que no lograron plena aplicación.
- Suspende por seis meses órdenes judiciales de embargo, ejecución de sentencias, remates, desapoderamientos y otras acciones sobre bienes en garantía.
- Aplica exclusivamente a créditos de vivienda de interés social y bajo el marco normativo vigente.
- El beneficio será evaluado caso por caso y no constituye un diferimiento universal.
- Incluye un tratamiento excepcional y voluntario para operaciones crediticias no alcanzadas por el Decreto Supremo 5503.
Qué dicen: Desde el Gobierno y el sistema financiero se destacó el carácter consensuado y responsable del acuerdo.
- El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Gustavo Blacutt, señaló que la disposición “favorece a miles de familias” y representa un “esfuerzo del sistema financiero para dar oxígeno a los sectores más vulnerables, sin desestabilizar la economía”.
Contexto: El acuerdo corrige las limitaciones de la Ley 1670, que establecía medidas excepcionales similares, pero fue impugnada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, lo que impidió su aplicación plena. Esta vez, el alivio se implementará mediante consenso institucional.
Qué sigue: Durante los seis meses de vigencia del acuerdo, las entidades financieras evaluarán de manera individual los casos y podrán aplicar reprogramaciones, flexibilización de condiciones y negociaciones personalizadas, especialmente para prestatarios que continuaron cumpliendo con sus pagos de forma regular.
