Bolivia cumple 33 días de bloqueos y protestas con epicentro en La Paz, mientras el presidente Rodrigo Paz enfrenta la disyuntiva de mantener su apuesta por el diálogo o ejercer mayor autoridad estatal para restablecer el orden.
La crisis social en Bolivia cumple este martes 33 días consecutivos de bloqueos, posicionándose como uno de los conflictos nacionales sostenidos más extensos del siglo XXI, superando ya en duración a las crisis de 2005 y 2019.
Diversos sectores sociales demandan al Gobierno un nuevo diferimiento de créditos bancarios por seis meses, argumentando que los 33 días de bloqueos y conflictos les impiden cumplir con sus obligaciones financieras.
Bolivia cumplió 31 días de bloqueos con la ratificación de las organizaciones movilizadas de continuar las medidas de presión de forma indefinida, confirmando que el conflicto mutó de demandas sectoriales a una disputa política abierta por el poder.
El empresariado boliviano advirtió que la economía nacional atraviesa uno de sus momentos más críticos tras 31 días consecutivos de bloqueos con alrededor de 100 puntos activos, llevando al sector productivo “al límite de su sostenibilidad”.
Las autoridades decomisaron más de Bs 8 millones en efectivo durante los bloqueos a personas que no pudieron justificar el origen de los recursos, dinero que el Gobierno sostiene forma parte de una estructura de financiamiento para sostener las movilizaciones.
El analista político Mauricio Balcázar afirmó que Bolivia atraviesa un “golpe de Estado en marcha” que replica el modelo de desgaste político de octubre de 2003, pero con una ejecución “perfeccionada” para forzar la salida anticipada del gobierno de Rodrigo Paz.
El Gobierno de Rodrigo Paz inició gestiones con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un paquete de financiamiento cercano a los 5.000 millones de dólares, en medio de una crisis de iliquidez y casi 30 días de bloqueos en el país.
Mientras los bloqueos cumplen 29 días con La Paz aislada, la Asamblea de la Paceñidad activó comisiones para gestionar la crisis y EuroLat respaldó al presidente Rodrigo Paz, configurando una disputa de poder entre control territorial y legitimidad institucional.
La Central Obrera Boliviana (COB) determinó mantener sus medidas de presión y descartar cualquier diálogo con el Gobierno mientras continúen las órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales y no se libere a los detenidos.