El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó este miércoles el calendario electoral para las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026, con más de 70 actividades y un cronograma “extremadamente comprimido”, que, según advierten los expertos, no deja margen de error institucional.
El Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), aprobado en diciembre de 2020 durante el Gobierno de Luis Arce Catacora, recaudó 795 millones de bolivianos hasta fines de 2024, pero provocó una fuga de capitales de más de 2.000 millones de dólares, según el presidente Rodrigo Paz.
Los vacíos que dejan los magistrados “autoprorrogados” del TCP y del TSJ sólo pueden ser llenados por titulares elegidos por voto popular, un proceso que tomará al menos seis meses, según especialistas.
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, reveló un presunto daño económico preliminar de Bs 95,5 millones en Emapa, descubierto en apenas ocho días de auditoría, confirmando un esquema de corrupción a gran escala en la empresa estatal.
La industria farmacéutica advirtió que la falta de regulación y el contrabando, que mueve más de $us 100 millones anuales, ponen en riesgo el abastecimiento seguro de medicamentos en Bolivia.
El Gobierno presentó las primeras medidas económicas basadas en tres ejes: eliminación de cuatro impuestos considerados ineficientes, reducción del gasto fiscal del 30% para 2026 y pago acelerado de la deuda estatal con proveedores.
Cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que extendieron su mandato por casi dos años mediante autoprórroga fueron cesados de sus cargos y cuatro de ellos enfrentan órdenes de aprehensión y alerta migratoria.
El Gobierno nacional acordó con la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) impulsar una ley para reformar el Senasag y convertirlo en una entidad público-privada, además de confirmar la eliminación de los cupos de exportación de productos agroindustriales.
Revocar al vicepresidente Edmand Lara es posible legal y constitucionalmente, pero los analistas advierten que es un camino muy polémico desde el punto de vista político y normativo, además de los antecedentes que implicaría esta vía.
El presidente Rodrigo Paz posesionó este martes al abogado tarijeño Hugo César León Lafaye como nuevo procurador General del Estado en Casa Grande del Pueblo.