Carlos Alfredo Cuéllar Pinto, exgerente de Productos Derivados e Industrialización de YPFB, fue aprehendido este miércoles en Santa Cruz por los supuestos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, en el marco del caso de la gasolina desestabilizada.
La Fiscalía amplió por cinco meses la detención preventiva del expresidente Luis Arce en el caso Fondo Indígena, tras el vencimiento del plazo inicial el 12 de mayo de 2026.
El fiscal general Roger Mariaca instruyó el 2 de junio acciones penales contra responsables de bloqueos en Bolivia, pero la medida no implica desbloqueos automáticos: busca identificar y procesar penalmente a organizadores, no ejecutar operativos policiales.
El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, presentó su renuncia al cargo este martes, según confirmaron fuentes cercanas al Gobierno, en medio del conflicto social y político que enfrenta Bolivia desde hace más de un mes.
El Primer Reporte Preliminar de la Defensoría del Pueblo registra 321 personas arrestadas durante el conflicto social en Bolivia entre el 1 y el 24 de mayo, de las cuales 221 fueron liberadas, 89 imputadas formalmente y 10 ya sentenciadas.
A casi 18 años de su expulsión, la cooperación antidroga entre Bolivia y la DEA ya opera de manera estable con intercambio de inteligencia, investigaciones conjuntas y depuración de efectivos policiales.
La propiedad agrícola Santa Rita, en el municipio de El Puente, provincia Guarayos, sufrió este viernes su quinto avasallamiento desde julio de 2024, cuando encapuchados armados tomaron el control del predio y retuvieron a 20 trabajadores.
El Gobierno denunció que grupos movilizados abrieron zanjas de hasta nueve metros de ancho en la carretera La Paz–Desaguadero, cerca del Puente Pallina, dejando completamente interrumpido el tránsito hacia la frontera con Perú. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó daños sobre toda la plataforma vial y anunció trabajos para rehabilitar la ruta.
El Tribunal de sentencia anticorrupción y violencia hacia la mujer 2 de La Paz concedió la tutela de acción de libertad a favor de Mario Argollo y Vicente Salazar, dejando sin efecto la orden de aprehensión que pesaba sobre ambos dirigentes.
Estados Unidos declaró como organizaciones narcoterroristas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) de Brasil, una medida que entrará en vigor el 5 de junio de 2026 y que coincide con la creciente presencia de redes criminales internacionales en Bolivia.