La primera media jornada del estado de excepción redujo los puntos de bloqueo en Bolivia de 39 a aproximadamente 17, mientras las fuerzas policiales y militares recuperaron presencia en rutas estratégicas.
El predio Santa Rita fue avasallado por sexta vez en dos años el 17 de junio, cinco meses después de que el Gobierno y autoridades de Santa Cruz lanzaran el Plan Integral “cero avasallamientos” con promesas de desalojos inmediatos y fin de la impunidad.
El Ministerio de Desarrollo Productivo detectó presuntas irregularidades en Cartonbol, EBA y OAP mediante fiscalización interna, lo que derivó en destituciones, aprehensiones y procesos de reestructuración en las tres entidades estatales.
La Central Obrera Boliviana (COB) conformó comisiones de trabajo con el Gobierno para avanzar en la liberación de detenidos durante las movilizaciones y rechazó las declaraciones del ministro José Luis Lupo sobre una supuesta intención de cogobierno.
Un funcionario de YPFB que integró la comisión de selección para la importación de petróleo crudo fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, investigado por presunto sobreprecio en el contrato suscrito con la empresa Trafigura.
La propiedad agrícola Santa Rita, en Guarayos, acumula cinco avasallamientos desde julio de 2024 y arrastra pérdidas productivas durante tres campañas agrícolas consecutivas, según denuncian los propietarios.
El hallazgo de equipos Starlink en un convoy de droga procedente de Bolivia interceptado en Brasil el 16 de junio y la incautación de 108 toneladas de sustancias impregnadas en madera de exportación en puertos chilenos revelan un salto tecnológico del narcotráfico vinculado al país.
el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el inicio de operaciones militares estadounidenses contra organizaciones criminales en América Latina y la creación de una coalición regional, la Coalición Hemisférica Anticárteles de América (A3C).
El descubrimiento de 108 toneladas de droga boliviana oculta en madera exportada a Chile pone en riesgo la reputación de una industria que genera más de 96 millones de dólares anuales y sostiene a 270.000 familias.
El caso “Narcomadera” —la incautación de 108 toneladas de droga impregnada en madera boliviana detectada en Chile— desató una confrontación política interna entre el Gobierno, el vicepresidente Edmand Lara, legisladores y líderes opositores sobre las responsabilidades del Estado.