Gobierno abre la puerta a ampliar el Estado de excepción ante protestas por el diésel
Lo esencial: El Gobierno de Rodrigo Paz abrió la posibilidad de ampliar el Estado de excepción vigente si continúan las amenazas de movilizaciones y bloqueos contra el Decreto Supremo 5676, que elevó a Bs 18 por litro el precio del diésel para los grandes consumidores.
Por qué importa: El planteamiento del ministro de la Presidencia introduce un nuevo escenario político: la posibilidad de que el Estado de excepción no concluya en septiembre, cuando se cumpla el plazo inicial de 90 días.
- Al menos diez organizaciones han anunciado movilizaciones o medidas contra el Gobierno, mientras distintos sectores preparan nuevas medidas de presión contra el precio del diésel y el decreto que modificó el régimen de subvención.
El nuevo conflicto: La advertencia del Gobierno coincide con la reactivación de las protestas por el combustible en distintos sectores del país.
- Este miércoles, productores de la provincia Marbán, en Beni, instalaron un punto de bloqueo en inmediaciones del puente San Pablo, sobre la carretera que conecta ese departamento con Santa Cruz, demandando la abrogación del DS 5676.
- Productores agropecuarios, transportistas, gremiales, campesinos, cocaleros y otros sectores expresaron rechazo al decreto y algunos anunciaron movilizaciones para los próximos días o para cuando concluya el Estado de excepción.
Contexto: El Estado de excepción entró en vigencia el 20 de junio mediante el Decreto Supremo 5636, después de más de 50 días de bloqueos que afectaron el transporte, el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.
- La Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobó posteriormente con más de dos tercios de votos, y la normativa establece un periodo inicial de 90 días con posibilidad de ampliación mediante autorización del Legislativo.
Qué dicen: Dentro del Ejecutivo conviven dos posiciones sobre la eventual ampliación de la medida.
- “Si esta amenaza sigue tiene que ampliarse el estado de excepción. No podemos permitir que se interrumpan las garantías democráticas y que se interrumpa el estado de derecho”, afirmó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, quien además habló de “terrorismo político” y “narcoterrorismo contra el Estado”.
- El viceministro de Seguridad Ciudadana, Hernán Paredes, adoptó una posición más cautelosa al señalar que el Estado de excepción “ha cumplido sus objetivos” y que una eventual ampliación deberá ser analizada por el Gobierno cuando corresponda.
Entre líneas: La diferencia entre ambas autoridades es relevante: mientras Aramayo plantea que la medida “tiene que ampliarse” si continúan las amenazas, Paredes remarca que todavía existe tiempo antes de que concluya el periodo vigente y que la decisión será evaluada posteriormente.
Qué sigue: Por ahora no existe una decisión formal de ampliación, sino una advertencia política de alto nivel. El Gobierno debe administrar el conflicto por el DS 5676 y definir qué hará cuando concluya la medida.
- Una eventual ampliación no sería una decisión exclusivamente del Ejecutivo, ya que la legislación establece que una extensión requiere autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
