El Gobierno de Rodrigo Paz apuesta por el desgaste progresivo de los sectores movilizados y de la ciudadanía como estrategia para resolver la crisis de bloqueos, en lugar de recurrir al uso inmediato de la fuerza.
El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga planteó formalmente al gobierno de Rodrigo Paz la aplicación del Estatuto de Roma, argumentando que los 22 días de bloqueos que aíslan a La Paz y El Alto configuran el delito internacional de “exterminio”.
Miles de manifestantes de la COB, campesinos, mineros y organizaciones sociales protagonizaron violentos enfrentamientos con la Policía en La Paz y bloquearon el aeropuerto de El Alto este viernes, en una de las jornadas más tensas de las protestas que ya cumplen más de tres semanas.
El Gobierno convocó a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari a una mesa de diálogo para este domingo y anunció la activación de un “Corredor Humanitario de las Banderas Blancas” para restablecer el abastecimiento hacia La Paz y El Alto.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, confirmó que la inauguración del Consejo Nacional y Económico, prevista para este fin de semana, fue postergada por “razones logísticas” ante la imposibilidad de congregar a todos los convocados.
Bolivia cumple 22 días de movilizaciones con 54 puntos de bloqueo que cercan las principales rutas nacionales, mientras el expresidente Jorge Tuto Quiroga denuncia que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma.
El presidente Rodrigo Paz Pereira propone crear un Consejo Económico y Social (CES) en Bolivia, una instancia de diálogo permanente entre Gobierno y sectores organizados para concertar políticas económicas y sociales, reemplazando la cultura de bloqueos por negociación.
El gobierno de Rodrigo Paz recibió respaldo de la OEA, Estados Unidos, Argentina y el Grupo IDEA frente a los 20 días de conflictos en La Paz, con llamados a preservar la democracia y rechazar intentos de desestabilización.
El presidente Rodrigo Paz reestructuró parcialmente su gabinete en medio de una conflictividad extrema, pedidos de renuncia y denuncias de división interna entre sus ministros.
La crisis diplomática entre Bolivia y Colombia, detonada por declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre una “insurrección popular” en Bolivia, generó expulsiones recíprocas de embajadores y un balance político donde Petro, Rodrigo Paz y Evo Morales obtienen ganancias simbólicas pero enfrentan costos estructurales.