Caso Wilfredo Chávez reabre debate sobre la millonaria defensa jurídica del Estado
Lo esencial: La Procuraduría General del Estado solicitó la reapertura del proceso penal contra el exprocurador Wilfredo Chávez por presuntas irregularidades en la contratación de servicios legales durante su gestión entre 2021 y 2023.
Por qué importa: El caso pone bajo examen una política de defensa jurídica que movilizó más de Bs 93 millones en tres años, mientras la institución contaba con cerca de 200 funcionarios propios.
- La investigación busca establecer si la tercerización de la defensa del Estado estaba debidamente justificada o si los casos podían ser atendidos con recursos internos de la Procuraduría.
Los números: Las cifras revelan la magnitud de la contratación externa durante la gestión investigada.
Bs 93,8
Millones de bolivianosDestinados a consorcios, estudios jurídicos, abogados externos y peritos durante el periodo investigado.
Bs 11,95
Millones de bolivianos comprometidosDiez contratos presentaron irregularidades. De ese monto, se efectivizaron pagos por Bs 5,43 millones.
170
Abogados de planta activosLa institución contaba con cerca de 170 abogados distribuidos en distintas áreas, de un total aproximado de 200 funcionarios.
Contexto: La denuncia original fue presentada en septiembre de 2024 por el entonces procurador César Siles, apoyada en una auditoría interna que revisó más de treinta contratos. La Fiscalía dispuso el archivo del caso; ahora el actual procurador Hugo León La Faye busca reactivar la investigación iniciada en 2024.
Los arbitrajes: La gestión de Chávez coincidió con algunos de los litigios internacionales más relevantes para Bolivia.
- La Memoria Institucional 2023 registra actuaciones en arbitrajes vinculados con BBVA, Glencore Bermuda, Jindal, SYSDE y procesos ante la Comunidad Andina.
- Varios de esos litigios fueron heredados de administraciones anteriores, por lo que la labor se concentró en diseñar la estrategia de defensa y conducir los procesos.
Qué dicen: El exprocurador Wilfredo Chávez rechazó las acusaciones y sostuvo que la vía penal no es el mecanismo adecuado para reclamar un supuesto daño económico derivado de contratos administrativos. También defendió la legalidad de las contrataciones realizadas durante su gestión.
Entre líneas: El debate ya no se limita al monto comprometido en los diez contratos investigados, sino que alcanza el modelo con el que el Estado boliviano afrontó litigios internacionales de alta complejidad.
- En abril de este año, el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira anunció auditorías jurídicas tras el cierre del arbitraje con BBVA para determinar si existieron errores, negligencia o gestión deficiente, y evaluar acciones de repetición contra exautoridades.
Qué sigue: Siguen pendientes la publicación de la auditoría y del detalle de los contratos observados. Esos documentos serán determinantes para establecer si las contrataciones se ajustaron a la normativa y respondieron a criterios técnicos.
