Los principales sectores productivos de Bolivia rechazaron unánimemente los bloqueos de carreteras convocados por la COB contra el Decreto Supremo 5503, advirtiendo que provocarían un “shock sistémico” en la economía nacional.
Habitantes del cantón Chiquiacá, en Tarija, intensificaron su rechazo al ingreso de actividades petroleras en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía y pidieron al presidente del Estado, Rodrigo Paz, anular los contratos con Petrobras, mientras la empresa y YPFB ratifican la legalidad del proyecto y activan acciones judiciales.
Productores campesinos de los valles cruceños instalaron una vigilia y tomaron este martes la Estación de Compresión y Bombeo Oconi, en Comarapa, en rechazo al Decreto Supremo 5503. La ocupación llevó a YPFB Transporte S.A. a activar su Plan de Respuesta a Emergencias por la interrupción de operaciones y los riesgos de seguridad.
El Gobierno alertó sobre la existencia de grupos que acopian garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) para revenderlas a precios superiores al oficial y anunció acciones legales contra los responsables. La viceministra Tatiana Genuzio afirmó que la distribución se mantiene con normalidad y pidió denunciar irregularidades.
La inflación acumulada de 2025 cerró en 20,40%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El Gobierno calificó el resultado como “moderado” y destacó la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el último bimestre del año, tras varios meses de presión inflacionaria.
A tres semanas de promulgarse el Decreto Supremo 5503, que, entre otras medidas, eliminó la subvención a los combustibles, el conflicto en Bolivia permanece abierto y fragmentado.
El Gobierno y analistas económicos cuestionan las movilizaciones de la COB contra el Decreto Supremo 5503, señalando que las protestas buscan defender privilegios adquiridos durante 20 años de bonanza económica que resultan insostenibles en el contexto actual.
El sistema financiero nacional y organizaciones de prestatarios acordaron este lunes suspender por seis meses los embargos y remates de viviendas adquiridas mediante créditos de vivienda de interés social, en el marco de un acta de entendimiento mediada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Este lunes comenzó la mesa de diálogo “Por la Estabilidad y el Bienestar de las Familias Bolivianas” en la Casa Grande del Pueblo, con la participación de representantes de la Central Obrera Boliviana y más de 100 organizaciones sociales y sectoriales, para buscar consensos sobre el Decreto Supremo 5503 y otras medidas económicas.
Bolivia inicia una transformación económica radical con el Decreto Supremo 5503, que busca consolidar un Estado facilitador abandonando el control asfixiante por confianza regulada, eliminación de autorizaciones innecesarias y silencio administrativo positivo, según el ministro de Economía José Gabriel Espinoza.