Lo esencial: El MAS intentó elegir un Contralor General titular en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el jueves, pero, al estar en duda los dos tercios necesarios (86 votos), postergó la sesión hasta el martes próximo.

Este intento desnuda un proceso sistemático de desinstitucionalización de múltiples instancias del Estado.

Por qué importa:

La oposición denuncia que el MAS busca designar un Contralor afín para “garantizar la impunidad por la corrupción al gobierno de Luis Arce Catacora” y crear un “blindaje” a investigaciones.
El cargo está ocupado interinamente desde julio de 2022 por Nora Herminia Mamani, designada por decreto presidencial.

El contexto político: El jurista José Luis Santiestevan explica que el caso del Contralor es un ejemplo típico de la estrategia de “triada” que ejecutó el MAS cooptando simultáneamente:

Contraloría (que fiscaliza los recursos del Estado).
Procuraduría (que vela por los intereses del Estado).
Fiscalía (que realiza las denuncias).

La desinstitucionalización sistemática: El intento con el Contralor es el último ejemplo de un patrón que afecta múltiples instituciones que deberían ser autónomas, técnicas o imparciales.

1. Tribunal Constitucional Plurinacional: La preselección de magistrados fue controlada por el MAS en la ALP, lo que llevó a fallos controvertidos.

Violación del 21F: Los magistrados mediante la Sentencia 0084/2017 habilitaron a Evo Morales para reelección indefinida, percibido como violación al referéndum del 21F.
Autoprórroga: La DCP 0049/2023 dispuso la prórroga del mandato de los magistrados hasta la posesión de nuevas autoridades, considerada inconstitucional por juristas.

2. Ministerio Público y Procuraduría: Estos órganos de control han perdido su autonomía según analistas.

El Fiscal General es elegido por el MAS en el Legislativo, lo que conduce a la selectividad en la persecución penal.
Se criticó que el Procurador “perdía todos los juicios”, contra su rol de defender intereses del Estado.
La ALP no logró elegir al Defensor del Pueblo por falta de dos tercios, pese a que la oposición participó en el proceso.

3. Otras instituciones afectadas: El proceso de captura se extiende a múltiples entidades estatales.

OEP/TSE: Designación de vocales afines al oficialismo, lo que derivó en la pérdida de confianza ciudadana tras las elecciones de 2019.
Empresas estatales (YPFB): Designaciones políticas de gerentes sin concursos de méritos, resultando en ineficiencia y corrupción estructural.
Banco Central de Bolivia: Críticas por la pérdida de autonomía y subordinación al poder político-partidario.

Gestora: Tiene cinco directores interinos. Se cuestiona los préstamos de dinero de las jubilaciones al Ejecutivo.
Medios estatales: Convertidos en aparatos de propaganda gubernamental.
Organizaciones sociales: Subordinadas al MAS, sin autonomía.

Los problemas legales: La ALP debe realizar la elección de contralor previa convocatoria pública de aspirantes, lo que no hizo en esta gestión. El MAS quiere utilizar la lista de seleccionados de 2022.

En 2022, la ALP de mayoría masista seleccionó 10 aspirantes de 60, pero el proceso fue observado.
No se puede utilizar esa lista porque pasaron más de tres años y muchos requisitos fenecieron.
Los certificados de buena conducta de la Policía, por ejemplo, tienen vigencia solo por 90 días.

Los últimos contralores

2004-2008 Osvaldo Gutiérrez Ramírez último contralor conforme a la anterior CPE

2008-2020 Gabriel Herbas Camacho Interino, designado por Evo Morales.

2020-2022 Henry Ara Pérez Elegido en la ALP, gestión de Jeanine Áñez.

2022-2025 Nora Herminia Mamani Cabrera Interina, designada por Luis Arce.

Los próximos nombramientos: Según Santiestevan, a la ALP le tocará nombrar múltiples autoridades con interinatos:

Vocales del TSE.
Contralor y Procurador.
Cinco directores del BCB.
Directores de la ASFI.
Cinco directores de la Gestora Pública.

Qué sigue:

La sesión para elegir Contralor fue postergada hasta el martes próximo a las dos de la tarde.
La nueva ALP con nuevos legisladores podría declarar nula esta elección.
La dilación de tres años pone en riesgo la capacidad del Estado para garantizar transparencia y justicia.