Lo esencial: A menos de dos semanas del balotaje, el país encara una crisis judicial sin precedentes por la confrontación abierta entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, exigió la renuncia inmediata de cinco magistrados “autoprorrogados” del TCP.
Presentó una denuncia penal en su contra, generando alarmas sobre la posible postergación de la segunda vuelta electoral.

Por qué importa: El enfrentamiento entre los dos pilares del sistema judicial ocurre en un momento crítico: justo antes del balotaje presidencial.

El TSJ defiende su acción como un acto de legalidad institucional.

Sectores políticos advierten que podría tratarse de una maniobra para descarrilar el proceso democrático y prorrogar al Gobierno actual en el poder.

La denuncia de conspiración: Jorge Quiroga denunció que la ofensiva del TSJ podría esconder un objetivo político para impedir la realización de la segunda vuelta.

José Manuel Ormachea (Libre) advirtió que “el objetivo real es provocar la anulación de las elecciones”, apuntando al “evismo y parte del Gobierno” como responsables.

Branko Marinkovic alertó que cualquier cambio en el TCP o TSE puede paralizar las elecciones.

Carlos Valverde cuestionó el momento político elegido por Saucedo para arremeter contra los “autoprorrogados”.

La periodista Amalia Pando, considera que no hay ninguna conspiración contra el balotaje. “Si hay alguien o algo que desestabiliza la justicia son estos prorrogados, por eso a Saucedo hay que aplaudirlo, apoyarlo; sigue ganando puntos para ser el hombre del año, dijo.

Los hechos judiciales: Saucedo presentó una denuncia ante la Fiscalía de Chuquisaca contra los magistrados Gonzalo Hurtado, René Yván Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo por usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución.

“Hay dos caminos: renuncian inmediatamente porque no gozan de legalidad ni legitimidad, o serán expulsados como usurpadores”, dijo.

Comparó la permanencia de los magistrados con el intento de Evo Morales de desconocer el referéndum del 21F de 2016.

La Fiscalía remitió la denuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional

La posición de Arce: El presidente Arce intervino públicamente advirtiendo que la confrontación entre el TSJ y el TCP “no es casual” y forma parte de una estrategia de desestabilización política.

“Ciertos actores de la derecha tradicional y de la nueva derecha buscan generar caos institucional para acortar nuestro mandato y sembrar desconfianza antes del balotaje”, dijo.

Pidió que “la justicia no se use como arma política ni como pretexto para poner en riesgo la estabilidad democrática”.

Llamó a “respetar la independencia de poderes” y actuar “con responsabilidad y serenidad”.

La respuesta del TCP: El Tribunal Constitucional denunció un intento de “descabezamiento institucional” que busca “generar incertidumbre electoral” en vísperas del balotaje.

Gonzalo Hurtado preguntó: “¿Qué actores políticos están detrás? ¿A quién beneficiaría suspender la segunda vuelta?”.

Los magistrados argumentaron que su permanencia fue avalada por una declaración constitucional.

Rechazaron renunciar y aseguraron mantenerse “firmes frente a presiones políticas”.

Garantías electorales: El TSJ buscó disipar temores asegurando que el balotaje no está en riesgo.

“En ningún momento estamos poniendo en riesgo las elecciones”, aseguró Saucedo.

La decana Rosmery Ruiz recordó: “El Órgano Electoral es el encargado de administrar las elecciones, no el Tribunal Constitucional”.

El TSJ citó el precedente de 2017, cuando el TCP operó con un solo magistrado

Los apoyos institucionales: El TSJ obtuvo respaldo inmediato del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, que coincidieron en que la autoprórroga “carece de sustento jurídico”.

El gobernador Luis Fernando Camacho pidió la renuncia inmediata de los magistrados.

Eduardo Rodríguez Veltzé coincidió en que “deben irse”, aunque criticó la tardanza del TSJ en actuar.

Entre líneas: La coincidencia entre las posturas del presidente Arce y el candidato Jorge Quiroga revela una preocupación transversal sobre el momento elegido para esta ofensiva judicial.

Ambos, desde diferentes orillas políticas, advierten que sacar a los magistrados autoprorrogados justo ahora podría desestabilizar el proceso electoral, sugiriendo que el timing de la acción del TSJ podría responder más a cálculos políticos que a urgencias jurídicas.

Qué sigue: La Asamblea Legislativa Plurinacional deberá definir si admite o archiva la denuncia contra los cinco magistrados del TCP, abriendo un nuevo frente político a días del balotaje.

Bolivia ingresa a los últimos días de campaña con un ojo puesto en las urnas y otro en los tribunales, consciente de que el desenlace de esta crisis podría marcar no solo la elección, sino el equilibrio institucional del país.