Ensamblaje de equipos electrónicos en la empresa estatal Quipus. / FOTO: ABI

Evalúan propuesta para definir el futuro de las empresas estatales deficitarias

Lo esencial: La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) presentó al Ministerio de la Presidencia una propuesta estratégica para reencaminar la actividad de las empresas estatales y definir el futuro de aquellas con inviabilidad financiera, en un contexto donde muchas dependen de inyecciones permanentes de recursos fiscales.

Por qué importa: El planteamiento se enmarca en un enfoque económico ante un panorama crítico del aparato productivo estatal, marcado por baja productividad, escasa sostenibilidad y un uso intensivo de recursos públicos, factores señalados como causantes del deterioro de las finanzas públicas y la reducción de las reservas nacionales.

  • Solo el 18% de los recursos destinados a estas empresas logró ser recuperado, según reportes del Ministerio de la Presidencia.

Los hechos: Informes oficiales describen una estructura empresarial estatal con alta dependencia fiscal y fuertes desequilibrios financieros.

  • Entre 2006 y 2024 se crearon 67 empresas públicas.
  • Solo tres resultan rentables: YPFB, ENDE y Comibol.
  • Estas tres concentran el 95% de los ingresos totales del sector.

Los números: Los datos económicos detallan el costo fiscal de la expansión empresarial estatal.

  • $us 7.750 millones provenientes de las Reservas Internacionales Netas fueron destinados a la creación y funcionamiento de las empresas públicas.
  • $us 2.205 millones fueron consumidos por 14 empresas inviables o deficitarias sin generar retornos.
  • Bs 697 millones adicionales serían necesarios para que empresas “zombie” con patrimonio negativo honren deudas pendientes.

Estado actual: La OFEP identificó empresas en quiebra técnica y advirtió sobre inversiones consideradas no estratégicas y con escasa presencia en el mercado.

Qué dicen: Pablo Camacho, director de la OFEP, afirmó que la nueva gestión busca transparentar la información y evitar que recursos de los bolivianos sigan financiando empresas deficitarias usadas solo para propaganda.

  • Cuestionó inversiones como una fábrica de papas fritas que demandó $us 23 millones y la empresa Quipus, cuyos productos no tienen presencia efectiva en el mercado.

Contexto: El proceso de industrialización estatal también muestra resultados limitados frente a la planificación inicial.

  • De 174 plantas industriales planificadas, solo 19 están operativas.
  • Los proyectos inconclusos o inactivos representan un costo de $us 1.132 millones.

El plan: El Ejecutivo plantea un cambio normativo profundo para revertir la situación financiera de las empresas públicas.

  • Actualización de leyes consideradas obsoletas, como la Ley General del Trabajo de 1939.
  • Creación de nuevos marcos legales para inversiones, hidrocarburos, minería y litio.
  • Retorno a temas de arbitraje y cumplimiento de normas para recuperar la confianza de los inversionistas.

Qué sigue: La propuesta institucional busca reemplazar un marco jurídico que priorizaba la participación estatal por uno orientado a la viabilidad económica y a la generación de certidumbre interna y externa.

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