¿Alivio o riesgo? El debate sobre un nuevo diferimiento de créditos en medio de la crisis

Lo esencial: Varios sectores sociales demandan al Gobierno un nuevo diferimiento de créditos bancarios por seis meses, argumentando que los 33 días de bloqueos y conflictos les impiden cumplir con sus obligaciones financieras.

Por qué importa: La medida podría ofrecer alivio temporal a prestatarios afectados, pero los economistas advierten que un diferimiento generalizado amenaza la estabilidad del sistema financiero.

• El riesgo puntual es que la banca enfrente dificultades para otorgar nuevos créditos, limitando las oportunidades para emprendedores o familias que buscan vivienda.

Los argumentos a favor: El economista Luis Fernando García considera que el diferimiento es un mecanismo de protección válido para prestatarios afectados por conflictos sociales y un entorno económico adverso que escapa a su control.

• García sostiene que este tipo de medidas ha ayudado a muchas personas a preservar sus casas, empresas y hogares frente a desastres económicos que ralentizan la producción.

Los argumentos en contra: El economista Fernando Romero alertó que el diferimiento puede generar una “mora camuflada” o retrasada, deteriorando la cultura de pago de los usuarios.

• Romero advirtió que esto eventualmente podría derivar en un encarecimiento de las tasas de interés y una contracción en la oferta de nuevos créditos.
• Asoban advirtió el año pasado que el diferimiento obligatorio compromete la solvencia bancaria y no soluciona los problemas estructurales de fondo.

Contexto: La propuesta surge como extensión de medidas previas, como la Ley N° 1670 y el Decreto Supremo N° 5516, que ya establecieron condiciones excepcionales de diferimiento para créditos de vivienda de interés social y para el sector productivo de micro y pequeñas empresas a fines de 2025.

Quiénes demandan: Entre los sectores solicitantes se encuentran la Federación de Choferes de La Paz “Chuquiago Marka”, el transporte libre y la Federación Regional de la Micro y Pequeña Empresa (Fermype) de El Alto, representados por dirigentes como Roberto Alejandro León y Limbert Tancara.

Entre líneas: García introduce un punto crítico sobre la validez ética del pedido cuando los mismos sectores que solicitan el beneficio participan en las protestas.

• El economista señala que la medida es válida siempre que el prestatario no sea parte de los bloqueadores, pues de lo contrario se produce una contradicción: “mendigando con una mano y atacando con la otra”.

La conclusión: García confirma que las entidades financieras están preocupadas por el pago de intereses a los ahorristas en un contexto donde el depositante pierde credibilidad y retira su dinero para protegerlo de la inflación, generando un desequilibrio que restringe el acceso al crédito.