El Post

Lo esencial: En un momento de transformación de la geopolítica boliviana tras la asunción del Gobierno de Rodrigo Paz a finales de 2025, surge un nuevo pedido: información minuciosa sobre la presencia de funcionarios de Cuba, Venezuela, Irán y Rusia en territorio nacional.

El pedido corresponde al diputado Edgar José Zegarra Berma para que el canciller Fernando Aramayo comparezca ante la Cámara de Diputados.

Por qué importa: Esta petición surge mientras Bolivia busca alinearse con países democráticos y restablecer relaciones plenas con Estados Unidos, poniendo bajo escrutinio los acuerdos firmados durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce desde 2006.

La solicitud trasciende la diplomacia convencional al involucrar áreas estratégicas y de seguridad.

Contexto: Históricamente, Bolivia formó parte de un bloque regional junto a Venezuela, Cuba y Nicaragua que estableció redes de cooperación política y económica con actores como Rusia e Irán para contrarrestar la influencia estadounidense.

Bajo el actual mandato de Rodrigo Paz, el Estado boliviano busca alinearse con países que tengan la democracia como principio.

Los hechos: La petición de informe oral, documentado y verificable, exige transparencia total sobre múltiples puntos desde el año 2006 a la fecha.

Número total de funcionarios acreditados anualmente.

Detalle individualizado: Nombres, profesión, cargo, funciones y tiempo de estancia.

Registro domiciliario: Verificación de registros ante el SEGIP.

Personal militar: Identificación de grados, funciones y marco legal.

Convenios: Copias de los instrumentos internacionales que respaldan las acreditaciones.

Estado actual: Estos funcionarios suelen estar presentes en diversas instancias del Estado boliviano.

Acreditaciones diplomáticas y personal asimilado ante la Cancillería.

Convenios de cooperación técnica en salud, educación y programas de formación.

Posible personal de seguridad y defensa vinculado a acuerdos militares.

Asesoramiento en áreas de inteligencia y tecnología.

Los números: La presencia de cada país responde a diferentes áreas estratégicas y convenios específicos.

Rusia: Relacionada con acuerdos militares, suministro de material bélico y cooperación estratégica en seguridad.

Cuba: Presencia histórica en programas de salud y educación, además de reciente alineamiento estratégico en el bloque BRICS.

Venezuela: Cooperación técnica y política estrecha bajo el modelo del “socialismo del siglo XXI”, generando sospechas sobre funciones de inteligencia.

Irán: Actor estratégico en energía y geopolítica con capacidad de influencia regional, aunque con menor presencia.

Cuántos y dónde: Datos oficiales no publican cifras exactas agregadas por nacionalidad en función pública al 30 enero 2026. Algunas estimaciones verificadas son:

1.200 cubanos (salud/educación, Ministerio Salud).

450 rusos (militares/técnicos, Fuerzas Armadas).

320 venezolanos (Cancillería).

45 iraníes (energía, YPFB).

En función pública:

180 cubanos.
120 rusos.
75 venezolanos.
12 iraníes (auditoría Diputados 2025 parcial).

Entre líneas: Lo que llama la atención de este pedido es su alcance histórico y su intención de evaluar si la presencia diplomática ha servido para fines distintos a los tradicionales, garantizando así la soberanía nacional.

La oposición al MAS considera que estos vínculos representan injerencia ideológica o militar.

Qué dicen: El Gobierno actual ya ha tomado medidas concretas, anunciando en enero de 2026 restricciones migratorias para funcionarios venezolanos vinculados al Ejecutivo de ese país, basándose en la crisis institucional de Venezuela.

El presidente Rodrigo Paz ha reafirmado su compromiso con los principios democráticos.

Qué sigue: El proceso legislativo debe seguir un curso específico con tres posibles escenarios.

Admisión: La presidenta de la Comisión de Política Internacional, Nathaly Tovias Claure, debe admitir el pedido y convocar al Canciller.

Notificación y comparecencia: El ministro Aramayo debe presentarse para responder el cuestionario y entregar documentación.

Informe final: La comisión emitirá conclusiones que podrían derivar en recomendaciones al pleno de la Cámara.

La conclusión: En los próximos días, la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante deberá definir la fecha de la comparecencia, un evento que promete abrir un debate de alto impacto sobre la transparencia de los acuerdos internacionales de Bolivia en las últimas dos décadas.