Lo esencial: El PDC y Alianza Libre coinciden en proponer la “focalización” de los subsidios de combustibles, pero con enfoques distintos.

Para el PDC significa ajustar precios en ciertos sectores y entregar transferencias directas bancarizadas a las familias más vulnerables.

Para Libre consiste en levantar los subsidios para todos los sectores, excepto para el transporte público.

Por qué importa:

Los subsidios a los combustibles demandan actualmente más de 2 mil millones de dólares anuales del Estado.

Expertos alertan que la crisis de liquidez de dólares y el gasto constante ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal en el corto y mediano plazo.

La propuesta del PDC: El partido de Rodrigo Paz plantea un levantamiento generalizado de subsidios con mecanismos de compensación específicos.

Beneficiarios: Solo familias vulnerables recibirían transferencias directas bancarizadas.

Sectores excluidos: Empresas del agro y minería pagarían precio real, ya que actualmente pagan 12 o 14 bolivianos por litro de diésel.

Estrategia diferenciada: Eliminación rápida del subsidio al diésel (se importa el 94%) y eliminación gradual del subsidio a la gasolina.

Mercado: Propone libre importación de combustibles para generar competencia.

La propuesta de Libre: Jorge Quiroga y su equipo proponen una eliminación gradual con una única excepción controlada.

Eliminación general: Levantamiento progresivo de subsidios, comenzando por el diésel.

Única excepción: El transporte público mantendría el subsidio.

Control tecnológico: Sistema con chips y supervisión ciudadana para evitar desvíos.

Financiamiento: Quiroga planea acudir directamente al FMI para obtener recursos.

Lo que dicen los analistas: Economistas coinciden en que Bolivia enfrentará un ajuste económico inevitable tras las elecciones.

Gonzalo Colque advierte que podría ser más grave que la crisis de 1985.

Los planes del PDC y Libre tienen un “mismo esqueleto” pese a diferencias discursivas.

Prevén pérdida de poder adquisitivo y mayor sacrificio social en los primeros seis meses del próximo gobierno.

Observaciones a la propuesta de PDC

Costo de control y administración (eficiencia): Sus mecanismos deben ser baratos. De otro modo, la propuesta de focalizar el subsidio pierde sentido.
Identificación y rigurosidad: Si la focalización no está bien diseñada, puede acrecentar la desigualdad. Así lo demuestra la experiencia de Ecuador.
Riesgo de dependencia: Los beneficiarios pueden depender de las subvenciones.

Observaciones a la propuesta de Libre

Distorsiones y mercados negros: El economista Joshua Bellot advierte este efecto con la diferenciación a algunos sectores, como el transporte público urbano.

Dificultad de implementación y control tecnológico: La propuesta de Libre se basa en sistemas de control con chips.

Contrabando masivo: La experiencia general en Bolivia muestra esta debilidad.

Observaciones comunes a ambas propuestas

Falta de información: Analistas que estudiaron el caso Ecuador (aplicable a Bolivia) observan la dificultad de medición de efectos en sectores vulnerables.

Esta falta de información suficiente dificulta la evaluación ex-ante y ex-post de los efectos de las reformas en el mercado (Álvaro Ríos Roca, Mauricio Garrón B. y Pablo Cisneros de la Organización Latinoamericana de Energía).

El caso de Ecuador: La experiencia ecuatoriana muestra los desafíos de reformar subsidios a combustibles, con lecciones importantes para Bolivia.

El presidente Daniel Noboa eliminó en septiembre pasado la subvención al diésel, con el fin de ahorrar 1.100 millones de dólares anuales.

El año pasado se hizo lo mismo con las gasolinas Extra y Eco País.

Intentos similares fueron realizados por los expresidentes Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes debieron retroceder ante dos grandes olas de protestas.

Entre líneas: Aunque ambos partidos bolivianos hablan de “focalización”, sus propuestas implican esencialmente la eliminación de subsidios con diferentes mecanismos de mitigación.

El PDC apuesta por transferencias monetarias directas.

Libre confía en mantener solo el transporte público subsidiado con estrictos controles.

Qué sigue: El próximo gobierno enfrentará el desafío de implementar estas reformas sin provocar estallidos sociales como los de Ecuador, requiriendo medidas compensatorias efectivas y una comunicación clara sobre los cambios inevitables en los precios de combustibles.