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Lo esencial: El caso de las “32 narcomaletas” expone cómo un pasaporte diplomático anulado de la exdiputada suplente Laura Rojas permitió —o al menos no impidió— el tránsito de equipaje irregular en un aeropuerto boliviano, dejando al Estado en figurillas.

El caso, además, abre el cuestionamiento sobre los privilegios y riesgos que estos pasaportes traen consigo.

Por qué importa: El episodio revela fallas sistémicas en múltiples instancias del Estado boliviano —Migración, Aduana, FELCN y DGAC— que permitieron el uso de un documento oficialmente invalidado.

El caso pone en duda la transparencia de los controles estatales y abre preguntas sobre cuántos documentos (incluyendo los anulados) siguen operando como llaves de paso en las fronteras del país.

El contexto del pasaporte diplomático: Laura Rojas recibió el documento en septiembre de 2022 por su cargo parlamentario, pero la Cancillería lo anuló de oficio el 13 de noviembre de 2025 al cumplirse el mandato de Rojas como diputada.

A quiénes se otorga: Autoridades de alta investidura, servidores con rango diplomático formal y representantes del Estado en organismos internacionales.

Obligación clave: Debe ser devuelto al Ministerio dentro de dos meses posteriores al cese de funciones.

Riesgos del mal uso: Pueden alterar o evitar controles normales de aduana y migración, facilitando tráficos ilícitos de armas o drogas (lo que aparentemente se destapó en este caso).

Los escenarios de la falla: A pesar de estar invalidado administrativamente y reportado a Interpol y Migración, existen tres explicaciones probables para el tránsito de las 32 maletas.

Omisión técnica: El sistema de Migración no estaba actualizado o el funcionario realizó solo validación visual sin cruzar datos.

Alerta ignorada: Si la anulación estaba cargada y aun así se permitió el paso, existiría responsabilidad funcional o penal directa.

Poder simbólico: El pasaporte, aunque nulo, pudo invocar trato preferencial que relajó las inspecciones.

La cadena de responsabilidades: Se investigan delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, además del uso indebido de bienes del Estado y la omisión de deberes de funcionarios de turno en múltiples instancias.

Dirección General de Migración: por admitir un documento inválido.

Aduana Nacional: por permitir el tránsito de equipaje irregular.

FELCN: por la falta de detección de droga en origen (suponiendo que las maletas contuvieran la marihuana reportada).

DGAC: por fallas en protocolos aeroportuarios.

Qué dicen:

La Cancillería confirmó la anulación del pasaporte y anunció el inicio de acciones penales contra Rojas por el uso irregular del documento oficial. Rojas fue aprehendida este lunes tras prestar declaraciones en la FIscalía.

Por su parte, la defensa de Laura Rojas niega rotundamente haber presentado el pasaporte diplomático en el aeropuerto. También reclama que se le haya cambiado la figura de testigo a sindicada.

Sostiene que su ingreso se realizó con documentación regular y sugiere que la confusión podría deberse a un error relacionado con documentos de familiares.

¿Cuántos pasaportes se extendieron?: No existe una cifra pública exacta de cuántos pasaportes diplomáticos están vigentes en Bolivia, aunque registros históricos indican la emisión de cientos anualmente. La falta de un reporte consolidado revela ausencia de transparencia en la Unidad de Privilegios e Inmunidades.

En contratos antiguos (2009), estaba previsto que se imprimiesen hasta 5.000 pasaportes diplomáticos. No está registrado el número de extensión.

Un informe de Cancillería refiere que en el período enero–septiembre de 2017 se emitieron 279 pasaportes diplomáticos.

Qué sigue: Han surgido propuestas para eliminar o restringir drásticamente estos privilegios, sugiriendo auditorías externas, registros digitales de caducidad en tiempo real y sanciones severas para exautoridades que no devuelvan el documento de forma inmediata.