Lo esencial: Bolivia enfrenta en 2026 un quiebre económico por el colapso del modelo de industrialización estatal que dejó 67 empresas públicas con pérdidas superiores a 2.595 millones de dólares tras invertir 7.750 millones entre 2006 y 2024.

Por qué importa: El fracaso de las empresas estatales compromete la estabilidad fiscal del país con un déficit que alcanzó el 10% del PIB en 2024, mientras el Gobierno de Paz busca transparentar y reestructurar el sector público.

El modelo agotado: Durante los años de bonanza de materias primas (2006-2014), el Estado apostó por una industrialización de corte ideológico que priorizó la narrativa política y el simbolismo del cemento sobre los estudios de preinversión y la factibilidad de mercado.

Cerca del 28% de los créditos financiados con Reservas Internacionales del BCB se destinó a 14 empresas actualmente inviables.
Esta estrategia aceleró la pérdida de solvencia del Estado.
Contribuyó a un déficit fiscal que en 2024 alcanzó el 10% del PIB.

Los números del fracaso: El costo de oportunidad de estas inversiones fallidas es uno de los puntos más sensibles del diagnóstico oficial.

Con los recursos dilapidados se habrían podido construir unos 30 hospitales de cuarto nivel.
O pavimentar hasta 5.000 kilómetros de carreteras.
O perforar 30 pozos exploratorios de gas, clave para la seguridad energética.
La corrupción y mala gestión representaron hasta 6,3% del PIB anual: unos 3.000 millones de dólares.

Proyectos emblemáticos del despilfarro: Casos representativos ilustran el patrón de inversión sin planificación técnica que caracterizó el modelo.

Planta de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo: Inversión de 953 millones de dólares, pérdidas de hasta 800.000 dólares diarios en ciertos periodos.
Ingenio Azucarero San Buenaventura: Opera al 30% de capacidad con pérdidas acumuladas superiores a 228 millones de bolivianos, en quiebra técnica.
Planta de camélidos en Turco: Sobredimensionada ignorando la realidad productiva de la región.

Monumentalismo sin retorno: El despilfarro no se limitó al ámbito industrial, incluyendo grandes obras simbólicas sin impacto económico ni social.

Museo de Orinoca: 49 millones de bolivianos, permanece prácticamente vacío mientras la población local carece de servicios básicos.
Sede de Unasur en Cochabamba: Más de 500 millones de bolivianos, convertida en monumento al colapso de un proyecto regional sin actividad diplomática real.
Aeropuertos regionales: Terminales como Chimoré, Ixiamas o Copacabana generan déficits crónicos o permanecen cerradas pese a inversiones millonarias.

Transparencia y auditorías: El ministro de la Presidencia José Luis Lupo y el director de OFEP Pablo Camacho lideran auditorías que buscan identificar responsabilidades y definir el futuro de las empresas públicas.

Al menos cinco entidades se encuentran en quiebra técnica y son candidatas al cierre o liquidación.
Otras deberán ser reestructuradas o abiertas a alianzas público-privadas.

El costo social: La priorización de obras de prestigio sobre salud, educación y servicios básicos profundizó brechas de desarrollo y erosionó la confianza ciudadana en las instituciones.

Qué sigue: El Gobierno de Paz sostiene que el Estado ya no puede seguir financiando empresas inviables.

La estrategia apunta a transparentar estados financieros, cerrar entidades sin futuro económico y redirigir recursos hacia sectores clave como salud, educación y estabilidad macroeconómica.
Se plantea avanzar en alianzas público-privadas para rescatar activos estratégicos bajo criterios técnicos y de mercado.

La conclusión: El colapso del modelo de industrialización estatal deja una lección costosa: la grandeza no se mide en metros de cemento, sino en resultados reales para la población.

Bolivia enfrenta el desafío de reconstruir su economía sobre bases de responsabilidad fiscal para que los elefantes blancos del pasado no sigan hipotecando su futuro.