El Post

Lo esencial: Bolivia no tiene una ley específica que sancione el bloqueo de carreteras y actualmente está vigente el Código Penal de 1972 con altos umbrales probatorios. Ante esta situación, tres proyectos legislativos buscan crear un delito autónomo de “bloqueo de vías” con penas que van desde 3 hasta 20 años de cárcel, eliminando la necesidad de probar daños concretos.

Por qué importa: El debate trasciende la coyuntura del reciente conflicto con la COB y plantea un dilema estructural para la democracia boliviana: cómo equilibrar el orden público con el derecho constitucional a la protesta.

Las propuestas legislativas podrían redefinir el bloqueo —herramienta histórica de reivindicación social— como delito grave, con implicaciones profundas para los movimientos sociales.

El marco legal vigente: Bolivia aplica el artículo 213 del Código Penal (Atentado contra la seguridad de los transportes) para procesar bloqueos, pero enfrenta dificultades probatorias significativas.

Penas actuales: 1 a 4 años de cárcel si se demuestra peligro real al transporte.

El Ministerio Público debe probar riesgo concreto como accidentes o daños a infraestructura, con procesos que pueden ser engorrosos y poco eficientes.

También se usa el artículo 197 (Libertad de trabajo), aunque con eficacia limitada en protestas masivas.

Las normas sobre servicios esenciales de la Ley 1005 están en limbo jurídico.

Los proyectos en debate: Tres iniciativas legislativas buscan crear un delito autónomo de bloqueo con diferentes niveles de severidad y nuevos blancos penales.

Diputada Lissa Claros (Libre): propone 3 a 6 años, ampliables a 8, con blindaje legal para policías en operativos de despeje.

Senadora Claudia Mallón (APB Súmate): plantea 8 a 10 años, enfocándose en rutas estratégicas y desabastecimiento.

Diputado Carlos Alarcón (Unidad): impulsa la más severa con 10 a 20 años, equiparando el bloqueo a delitos de alta peligrosidad.

Todas apuntan a dirigentes, organizadores e incluso financiadores de las protestas.

Las posiciones enfrentadas: El sector productivo cruceño exige al gobierno una ley antibloqueos con sanciones claras, argumentando que “el bloqueo ya no es una reivindicación social, es destrucción económica” y pide garantizar libre transitabilidad los 365 días del año.

Por su parte, organizaciones sindicales y de derechos humanos advierten que estas iniciativas desconocen estándares de la CIDH sobre tolerancia al ejercicio democrático de protesta pacífica.

Qué dicen los expertos: Los juristas señalan diferentes perspectivas sobre el actual marco normativo y las propuestas en discusión.

Jorge Pinto y Bernardo Wayar: no hay vacío legal sino dificultad probatoria deliberada, acorde con el principio de proporcionalidad.

John Rioja: penas de hasta 20 años podrían generar mayor radicalización y resistencia en un país donde el bloqueo es herramienta histórica.

Ambos advierten que bloquear una vía no equivale automáticamente a atentar contra la seguridad del transporte.

Estado actual: El presidente del Senado, Diego Ávila, informó ayer lunes que el proyecto de “ley antibloqueos” está siendo analizado en tres instancias legislativas: dos comisiones del Senado y una de Diputados, con el objetivo de unificar una sola propuesta antes de avanzar hacia un proceso de consenso social.

Ávila cuestiona el bloqueo como método de protesta por el daño que provoca a la ciudadanía, la economía nacional y la imagen internacional del país.

El contexto reciente:

El levantamiento de los bloqueos y la derogación del Decreto Supremo 5503 tras el acuerdo entre el Gobierno y la COB descomprimieron la coyuntura inmediata.

Sin embargo, dejaron al descubierto este dilema estructural sobre cómo enfrentar la conflictividad social: si perfeccionando mecanismos de diálogo y aplicación proporcional de la ley, o mediante un endurecimiento penal que redefine la protesta como delito.

La conclusión: Bolivia debe decidir entre fortalecer el diálogo social o endurecer el código penal, una decisión que definirá no solo la política del Estado sino la calidad misma de su democracia.