Lo esencial: El presidente Rodrigo Paz enfrenta intensas críticas por gobernar frecuentemente mediante decretos supremos durante sus primeros dos meses de gestión, iniciada el 8 de noviembre en un contexto de emergencia económica, financiera, energética y social que el Ejecutivo considera demanda respuestas inmediatas.

Esta estrategia es interpretada por diversos sectores como un intento de prescindir de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se desarrolla.

Por qué importa: El debate sobre gobernar por decreto polariza al país entre quienes ven necesidad técnica en contexto de crisis y quienes alertan sobre riesgos autoritarios.

Expertos sugieren que la “sensación térmica” de abuso podría deberse no a la cantidad de decretos, sino al alto impacto político y social de las normas elegidas.

Cuantificar el número de decretos aprobados y compararlos con otras gestiones es complicado dado que Paz lleva unos 70 días en el cargo.

Los decretos clave: La gestión Paz ha emitido siete decretos de alto impacto que reorganizan el Estado y la economía.

DS 5488: Reorganizó el Ejecutivo reduciendo ministerios de 17 a 15.

DS 5503: Declaró emergencia económica y eliminó subsidio a combustibles con incremento de 124% promedio en precios. Además, concede ventajas a empresa internacionales que inviertan en la explotación de recursos naturales en Bolivia.

DS 5509: Restringe la creación de ítems públicos y condiciona aumentos salariales a sostenibilidad fiscal.

DS 5515: Introduce la focalización de bonos sociales y permite al Presidente gobernar desde el exterior mediante tecnología, una medida cuya constitucionalidad también fue arduamente debatida.

DS 5517: Declara emergencia energética autorizando a empresarios privados importar y vender combustibles.

DS 5518: Establece arancel cero para importación de dispositivos electrónicos hasta diciembre de 2026.

DS 5519: Crea el “Despacho Virtual del Presidente” para la digitalización de actos oficiales.

El conflicto del DS 5503:

Este decreto fue el más polémico, pues desató un bloqueo nacional de caminos y protestas lideradas por la Central Obrera Boliviana.

Ante la presión social, el Gobierno acordó su abrogación, estipulando que varios artículos pasarán a ser tratados en la ALP, mientras otros se redistribuirán en nuevos decretos o desaparecerán definitivamente.

Qué dicen: Las voces sobre la gobernabilidad por decreto revelan profundas divisiones políticas y jurídicas.

José Luis Lupo (Ministro de la Presidencia): “El decreto no es un capricho”, es resultado de estudios técnicos para hacer viable al país.

Alianza Libre: Advierte que estas señales podrían derivar en “prácticas autoritarias incompatibles con el sistema democrático”.

Eduardo Rodríguez Veltzé (expresidente y jurista): Califica como error escalar desencuentros mediante medidas de “dudosa constitucionalidad”.

Edmand Lara (Vicepresidente): “No se puede gobernar un país con decretos”, califica las acciones como abuso de poder.

Fabricio Góngora (constitucionalista): Todo decreto goza de presunción de constitucionalidad hasta el pronunciamiento del TCP.

Manuel Mercado (analista): Legislar por decreto en temas sensibles “debilita la democracia representativa”.

Sí, pero: Aunque el contexto de emergencia múltiple podría justificar medidas excepcionales, el vicepresidente Lara considera que gobernar por decretos constituye una señal de alerta institucional, mientras analistas advierten que sortear el control parlamentario en temas sensibles compromete el equilibrio democrático de poderes.

Qué sigue:

El Senado iniciará el análisis de un paquete de financiamiento internacional de 4.500 millones de dólares.

La COB aguarda una invitación del Gobierno para socializar los nuevos decretos que suplirán al 5503, bajo advertencia de retomar medidas de presión si no hay consenso.

El Tribunal Constitucional Plurinacional deberá pronunciarse sobre los diversos recursos de inconstitucionalidad presentados contra las normas emitidas por la gestión de Paz.