Lo esencial: El sistema de financiamiento de la COB está bajo escrutinio por los aportes obligatorios de trabajadores y los privilegios económicos de su dirigencia, mientras el Ejecutivo y legisladores impulsan reformas para establecer un esquema voluntario con mayor transparencia.

Por qué importa: El debate expone una tensión estructural del sindicalismo boliviano entre su histórico papel en la defensa de derechos laborales y una arquitectura de poder sostenida por descuentos compulsivos que podría redefinir el modelo de representación obrera.

Estado actual: La COB recibe financiamiento a través de un sistema de descuentos obligatorios administrados por el Estado, mientras sus dirigentes gozan de beneficios laborales especiales.

Aporte anual de Bs 2 por trabajador afiliado (70% para COB nacional, 30% para instancias regionales).

Descuento del 1% del haber básico al magisterio según DS 106.

El Estado actúa como agente de retención obligando a empleadores públicos y privados a descontar por planilla.

Los privilegios dirigenciales: La “declaratoria en comisión” permite a los líderes sindicales ejercer funciones gremiales a tiempo completo con beneficios garantizados por los Decretos Supremos 4500 (2021) y 4710 (2022).

Perciben el 100% de sus haberes y beneficios sociales.

Quedan exentos de asistir a su puesto de trabajo.

Cuentan con protección del fuero sindical que garantiza estabilidad laboral.

Según denuncias del presidente Rodrigo Paz, 50 dirigentes se repartirían anualmente unos 18 millones de dólares.

Ingresos mensuales de dirigentes oscilarían entre 24.000 y 35.000 bolivianos.

Distribución y cuestionamientos: Los estatutos de la COB establecen que los fondos se distribuyen en 50% para gastos administrativos, 30% para “caja de resistencia” y 20% para capacitación sindical, pero existen denuncias de enriquecimiento personal y uso político de recursos.

Qué dicen: Las críticas al sistema provienen tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

Presidente Rodrigo Paz: Afirma que los recursos se utilizan para financiar movilizaciones que afectan la estabilidad democrática.

Diputada Catherine Pinto (PDC): Califica los aportes de “abusivos” y sostiene que benefician a una cúpula en detrimento de las bases.

Diputada Claudia Bilbao (PDC): Anuncia fiscalizaciones mediante pedidos de informe a la Gestora Pública y la Corporación Minera de Bolivia.

Contexto histórico: El financiamiento de la COB evolucionó desde contribuciones voluntarias hacia descuentos obligatorios.

La práctica fue prohibida en 1995, se restableció parcialmente en 1997 para el magisterio y de forma permanente en 2009.

La estructura sindical: La COB es una confederación de federaciones con sectores de peso propio en la vida política del país.

Mineros asalariados.
Fabriles.
Maestros urbanos y rurales.
Gremiales.
Trabajadores del hogar.

Entre líneas: Analistas señalan que el rol del Estado como recaudador genera una dependencia estructural que incentiva lealtades políticas y pone en riesgo la independencia del movimiento obrero.

Las propuestas de reforma: El Ejecutivo y sectores del Legislativo impulsan cambios estructurales al sistema actual.

Reemplazar aportes obligatorios por un esquema voluntario.

Establecer mecanismos de rendición de cuentas.

Proyecto de ley de la diputada Catherine Pinto para limitar y voluntarizar los aportes.

Modificación de la normativa vigente propuesta por el presidente Rodrigo Paz.

Qué sigue: El debate permanece abierto mientras el sindicalismo boliviano enfrenta la disyuntiva entre persistir como estructura sostenida compulsivamente por afiliados y Estado, o transitar hacia un modelo voluntario, transparente y con mayor rendición de cuentas.