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Lo esencial: Tras abrogar el DS 5503 que detonó tres semanas de protestas con la COB, el gobierno de Rodrigo Paz mantiene vigentes los decretos 5509 y 5515, considerados la “verdadera columna vertebral” de su política económica y rediseño del Estado boliviano.

Por qué importa: Mientras el DS 5503 fue “políticamente sacrificable”, los decretos 5509 y 5515 representan cambios estructurales que el Ejecutivo considera innegociables para garantizar la disciplina fiscal, marcando un giro de un Estado expansivo a uno de contención.

La estrategia de lo invisible: Los decretos 5509 y 5515 sobrevivieron porque son normativas técnicas y administrativas que no generan un impacto inflacionario inmediato en el “bolsillo” de la población, a diferencia del DS 5503 que tocó directamente el precio de los combustibles y los aportes sindicales.

DS 5509 – Control del gasto público: Este decreto se enfoca en la racionalización del gasto estatal y el control estricto de la administración pública.

En qué consiste: Restringe la creación de nuevos ítems en el sector público, condiciona los aumentos salariales a la sostenibilidad fiscal y prioriza el gasto “esencial”.

Ámbito de efecto: Afecta principalmente al empleo público en ministerios, empresas estatales y universidades, sin regular al sector privado.

Antes: Cada entidad pública podía ampliar su personal con relativa flexibilidad según su presupuesto.

Ahora: Se requiere una autorización central y justificación técnica rigurosa, lo que en la práctica supone un congelamiento de las plantillas estatales

DS 5515 – Nuevo paradigma social: Esta norma “paraguas” redefine el rol redistributivo del Estado y la organización del Ejecutivo.

En qué consiste: Introduce la focalización de bonos sociales, permitiendo el cruce de bases de datos para excluir beneficiarios que no cumplan con criterios técnicos. Además, permite al Presidente gobernar desde el exterior mediante tecnologías de la información.

Ámbito de efecto: Programas de asistencia social y estructura jerárquica del Estado.

Antes: Los bonos se entregaban mediante una lógica de universalidad y como herramienta de legitimidad política.

Ahora: La creación de nuevos beneficios requiere una evaluación de impacto fiscal previa, priorizando la sostenibilidad sobre la rentabilidad política.

Voces críticas: La permanencia de estas normas ha generado alarmas en diversos sectores del ámbito político y jurídico.

Eduardo Rodríguez Veltzé (jurista y expresidente): Calificó el DS 5515 como un “despropósito” que escala tensiones constitucionales al alterar la sucesión presidencial.

Leonardo Roca (senador): Advirtió que la norma es de “extrema gravedad institucional”.

Freddy Alejandro Vidovic Falch (exministro): Afirmó que el decreto “desnaturaliza el diseño institucional del Ejecutivo” al intentar reducir las funciones del Vicepresidente.

Edmand Lara (vicepresidente): Ha presentado un proyecto de ley para poner un “alto” a los artículos que considera inconstitucionales de los decretos 5503 y 5515.

Desde las bases: El descontento social persiste pese a la abrogación del DS 5503.

David Mamani (exdirigente Ponchos Rojos): Exigió la abrogación “absoluta” de los tres decretos, advirtiendo que de lo contrario pedirán la renuncia del presidente Paz.

Alfredo Mamani (dirigente de Potosí): “Nuestras bases no están conformes… exigimos la abrogación de los decretos 5509 y 5515”, señalando que atentan contra la soberanía.

Situación legal actual: Ambos decretos se encuentran plenamente vigentes. El Gobierno de Rodrigo Paz se muestra firme en no abrogarlos, ya que los considera herramientas vitales para el control fiscal; ceder en este punto significaría desarmar su política económica de fondo.

Qué sigue: Se proyecta un escenario de tensión latente.

Aunque el Gobierno ha bajado el perfil comunicacional de estas normas, la COB y sectores campesinos mantienen la desconfianza.

Es probable que el Ejecutivo intente manejar el conflicto mediante mesas de diálogo técnicas o ajustes reglamentarios menores, pero sin renunciar al núcleo de estas reformas.