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Gobierno promulga el DS 5516 y ratifica el fin de la subvención a los combustibles

Lo esencial: El Gobierno promulgó el Decreto Supremo Nº 5516, que deja sin efecto el Decreto 5503 y lo reemplaza con una norma de 33 artículos que mantiene la eliminación de la subvención a los combustibles, fija precios, establece medidas sociales, define política salarial y dispone alivios financieros, aunque el texto aún no se encuentra en la Gaceta.

Por qué importa: El decreto ratifica la política económica del Ejecutivo al sostener la eliminación de la subvención a los combustibles y combinarla con bonos, programas de transferencia, ajustes salariales, austeridad estatal y medidas productivas y financieras.

  • La norma busca estabilizar la economía y mitigar el impacto social en los sectores más vulnerables.

Los hechos: Las disposiciones fueron  consensuadas con la Central Obrera Boliviana (COB) y, según las autoridades del Gobierno nacional, apuntan a estabilizar la economía, generar condiciones de desarrollo y fortalecer la participación del mercado y del sector privado, sin dejar de lado la protección social.

  • La norma abroga el Decreto Supremo 5503 y lo reemplaza por uno nuevo de 33 artículos.
  • Mantiene las medidas centrales de la política económica definida por el Ejecutivo.

Eliminación de la subvención y precios de combustibles: Los primeros artículos establecen el plan de choque económico, fijan precios finales y regulan el mercado de derivados del petróleo y del gas.

  • Gasolina especial: Bs 6,96; diésel oíl: Bs 9,80; gasolina Premium: Bs 11,00.
  • Gasolina de aviación: Bs 10,57; kerosene: Bs 5,64; Jet Fuel: Bs 10,74; Gas Oil: Bs 5,69.
  • Garrafa de GLP: Bs 22,50; GNV: Bs 2,73 por metro cúbico.
  • Se aprueba la metodología de ajuste de precios y el reglamento de control del GNV.
  • Se garantizan fondos para recalificación de cilindros y conversión vehicular.
  • La política de precios se vincula a la reducción de emisiones de dióxido de carbono.

Medidas sociales de compensación: El decreto amplía bonos existentes y crea un nuevo programa de transferencias monetarias para población vulnerable.

  • Bono Juancito Pinto: Bs 300 a partir de 2026.
  • Renta Dignidad: Bs 500 mensuales para adultos mayores sin jubilación.
  • Creación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE).
  • PEPE: Bs 150 mensuales, con topes de Bs 450 o Bs 1.800 según categoría.
  • Beneficiarios: madres del Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad severa y padres de estudiantes fiscales.
  • Pagos entre enero y abril de 2026, con posibilidad de ampliación.
  • Financiamiento garantizado por el Tesoro General de la Nación y recursos externos.
  • El Estado iniciará acciones legales por cobros indebidos.

Política salarial y austeridad estatal: El decreto define lineamientos sobre negociación salarial y gasto público.

  • Libre negociación salarial individual o colectiva sobre la base del salario mínimo nacional.
  • Salario mínimo nacional fijado en Bs 3.300, con incremento del 20% y carácter retroactivo a inicios de 2026.
  • Prohibición de nuevas contrataciones en el Estado y reducción de gastos corrientes.
  • Congelamiento de sueldos en el sector público en 2026, con excepciones en salud, educación, Policía y Fuerzas Armadas.

Medidas productivas y financieras: La norma incluye alivios para sectores estratégicos y prestatarios.

  • Arancel cero hasta fines de 2026 para importación de maquinaria y equipos industriales.
  • Diferimiento automático de créditos por seis meses para vivienda social y micro y pequeñas empresas.
  • Prohibición de intereses extraordinarios y de deterioro de calificación crediticia.
  • Obligación de reporte a la ASFI y adecuación de sistemas financieros.
  • Topes de precio para gas natural y regulaciones para grandes consumidores de Gas Oil.

Sí, pero: El Decreto Supremo 5516 fue presentado y publicado por medios oficiales como Bolivia Tv, aún no se encuentra disponible en la Gaceta Oficial.

La conclusión: Con el Decreto Supremo 5516, el Gobierno ratifica la eliminación de la subvención a los combustibles y despliega un conjunto amplio de medidas económicas, sociales, salariales y financieras para amortiguar su impacto, a la espera de su publicación oficial en la Gaceta.

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