Lo esencial: Bolivia entra oficialmente en periodo de silencio electoral desde este jueves 16 de octubre hasta el domingo 19, cuando se realizará el balotaje. El TSE reconoce que no tiene poder efectivo para controlar y sancionar la propaganda en redes sociales.

Por qué importa: El vacío legal deja sin regulación efectiva a las redes sociales durante el silencio electoral, permitiendo que la propaganda continúe sin sanciones.

El marco normativo fue diseñado para medios tradicionales y no contempla mecanismos para fiscalizar plataformas digitales como Facebook, TikTok e Instagram.

El problema de fondo: El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, explicó que el Órgano Electoral Plurinacional enfrenta serias dificultades para constatar legalmente la campaña digital.

Para aplicar sanciones, debe identificarse un espacio pagado en un medio de comunicación.

La Ley N° 026 del Régimen Electoral establece que la campaña concluye 72 horas antes de la jornada electoral, pero fue diseñada para radio, prensa y televisión.

Es imposible constatar si el candidato fomenta directamente la propaganda en redes sociales.

Cuando terceros o cuentas no identificables difunden propaganda, quedan exentas de sanción.

Los antecedentes: Los procesos electorales previos demuestran el incumplimiento sistemático del silencio electoral en el espacio digital.

En la primera vuelta, los partidos volcaron recursos al espacio digital con campañas principalmente en redes sociales.

El binomio Paz-Lara capitalizó notablemente la plataforma TikTok.

Páginas pagadas por candidatos permanecieron activas en Facebook y YouTube durante el silencio electoral.

En elecciones judiciales, casi el 100% de candidatos realizó campaña encubierta en redes mediante terceros.

La experiencia regional: Otros países de América Latina han intentado abordar este desafío con diferentes enfoques regulatorios.

México: Desde 2014 el INE tiene facultades para dictar normas, detallar gastos en línea y verificar rendición de cuentas, aunque persiste vacío legal sobre influencers.

Argentina: Modificó su Ley de Financiamiento de Partidos Políticos en 2019 para incluir campañas digitales, exigiendo registro de cuentas ante la CNE.

Panamá: Reformó su Código Electoral en 2017 e implementó un Pacto Ético Digital voluntario que redujo significativamente las tácticas difamatorias en 2019.

Ecuador: La falta de regulación provocó que la información difundida fuera mayoritariamente falsa, vulnerando el derecho ciudadano a recibir información veraz.

Entre líneas: Los expertos advierten que una parte considerable de la campaña digital para el balotaje estará marcada por la desinformación y la “guerra sucia”, en un contexto en el cual la autoridad electoral tiene poderes limitados para fiscalizar y sancionar.

Qué sigue: Mientras el país respeta el periodo de reflexión que precede a la jornada de votación del domingo 19 de octubre, la ciudadanía se enfrenta al reto de discernir la información en un entorno digital sin fiscalización efectiva.