Cinco temas urgentes en justicia para 2026

Lo esencial: El sistema judicial boliviano atraviesa una crisis de legitimidad tras el cese de magistrados “autoprorrogados” y la acumulación de al menos cinco problemas estructurales que debe resolver en 2026: 

• completar el Tribunal Constitucional Plurinacional con cinco magistrados faltantes.

• realizar elecciones judiciales complementarias para cubrir siete vacancias.

• Institucionalizar la Fiscalía General del Estado.

• resolver la crisis de detención preventiva que afecta al 60% de la población carcelaria.

• ejecutar una reforma estructural con digitalización del sistema judicial que recibe apenas 0,05% del presupuesto nacional.

Por qué importa: Sin resolver estos cinco ejes, el Estado de derecho enfrentará una deslegitimación irreversible, violaciones sistemáticas del debido proceso y el colapso del sistema penitenciario, normalizando la excepcionalidad institucional.

1. Completar el Tribunal Constitucional Plurinacional

El problema de fondo: El TCP opera de forma incompleta tras la cesación de magistrados denominados “autoprorrogados” que se extendieron en sus funciones fuera de plazo, debilitando su rol como árbitro de conflictos entre poderes en un año de alta sensibilidad política.

• Lo pendiente: Elegir cinco magistrados faltantes de Beni, Pando, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.

• Importancia: Sin tribunal pleno, ninguna decisión estructural en 2026 estará blindada constitucionalmente.

• Riesgo: Normalización de la excepcionalidad y que el TCP opere bajo sospecha permanente de nulidad en sus fallos.

2. Elecciones judiciales complementarias

Los números: Las elecciones incompletas de diciembre de 2024 dejaron vacíos institucionales peligrosos en el sistema judicial.

• Solo se eligieron 19 de las 26 autoridades necesarias.

• Falta cubrir 7 vacantes: 5 en el TCP y 2 en el Tribunal Supremo de Justicia por Beni y Pando.

• Importancia: Vital para restablecer la representación regional y evitar nuevas “prórrogas encubiertas”.

• Riesgo: Si no se ejecutan antes de que el calendario electoral nacional se sature, la justicia entrará en una fase de deslegitimación irreversible

3. Institucionalidad de la Fiscalía General del Estado

Estado actual: La credibilidad de la Fiscalía es la “llave” de la justicia penal, pero enfrenta una crisis de legitimidad institucional.

• Lo pendiente: Aplicar efectivamente la Ley Nº 1579/2024 para la selección del Fiscal General, asegurando el quórum de dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

• Importancia: Una Fiscalía independiente es esencial para evitar que los procesos de alto perfil sean vistos como herramientas de persecución política.

• Riesgo: La falta de transparencia en este nombramiento alimentará la percepción pública de subordinación al poder de turno.

4. Crisis de detención preventiva y hacinamiento

Los números críticos: La justicia boliviana “castiga antes de juzgar”, convirtiendo la medida excepcional en una norma sistemática.

• Entre 58% y 60% de la población carcelaria no tiene sentencia firme: 19.235 de 33.274 reclusos en 2025.

• En jóvenes de 18 a 28 años, la cifra de detenidos preventivos supera el 75%.

• Importancia: Urge una revisión masiva de casos y el uso de medidas sustitutivas para frenar la crisis humanitaria en las cárceles.

• Riesgo: El colapso del sistema penitenciario y la violación sistemática del debido proceso y la dignidad humana.

5. Reforma estructural, presupuesto y digitalización

El dato económico: Sin una base técnica y económica, cualquier cambio será superficial en el sistema judicial.

• El Órgano Judicial recibe apenas el 0,05% del Presupuesto General del Estado, cuando técnicamente requiere al menos un 5% para funcionar con eficiencia.

• La meta 2026: Consolidar el “año de la digitalización” con expedientes digitales y audiencias transmitidas en línea (cero papel en materia penal).

• Importancia: Estabilizar la carrera judicial mediante la reforma de la Ley 025 para proteger a los jueces de presiones políticas y retiros arbitrarios.

• Riesgo: Seguir “parchando” el sistema en ciclos repetitivos de ineficiencia y corrupción.

Otros temas pendientes: 

• Cumplimiento de decisiones internacionales: Adecuar la justicia interna a los estándares de la ONU y la CIDH para evitar sanciones internacionales.

• Justicia especializada: Implementación de la Ley 1636 sobre protección de integridad sexual en entornos digitales.

• Lucha contra la corrupción interna: Sancionar a “jueces mercenarios” que intenten frenar calendarios electorales o que extorsionen a litigantes.

• Reforma normativa: Debate sobre las leyes 025 y 027 para ajustar el número de magistrados y mejorar los mecanismos de reemplazo.

Sin Ministerio de Justicia: 

• La eliminación del Ministerio de Justicia en 2025 marca un punto de inflexión en la justicia boliviana.

• El presidente del TSJ, Romer Saucedo, opina que el hecho fue fundamental para consolidar la independencia del Órgano Judicial. 

• Este hecho, sumado al cierre de la Comisión 898 presidida por el Ejecutivo, permitió que el sistema judicial se “liberara” de la tutela directa del Gobierno. 

• El objetivo es garantizar que la administración de justicia ya no se doblegue ante el poder político.

• También se espera  que la justicia recupere la credibilidad mediante una gestión autónoma.

Mapa cronológico 2026: La ventana de oportunidades para resolver los temas pendientes presenta fortalezas y riesgos específicos.

• Enero-Marzo: Reactivación de preselección en la ALP y evaluación del desempeño fiscal. Fortaleza: Marco legal ya aprobado (Ley 1579). Riesgo: Falta de consenso para los 2/3 en la ALP.

• Abril-Mayo: Envío de listas de candidatos del Legislativo al TSE. Fortaleza: Voluntad técnica del TSE para organizar comicios. Riesgo: Judicialización de candidaturas mediante amparos.

• Junio-Julio: Ventana ideal para realizar elecciones judiciales complementarias. Fortaleza: Separación de los comicios subnacionales de marzo. Riesgo: El costo económico de realizar elecciones frecuentes.

• Segundo Semestre: Debate de reforma a leyes 025 y 027; consolidación de la digitalización penal. Fortaleza: Sistema único de causas ya probado en pilotos. Riesgo: El clima electoral puede estancar el debate legislativo

Qué dicen las autoridades: Las posiciones sobre la crisis judicial reflejan diferentes perspectivas sobre las soluciones viables.

• Romer Saucedo (Presidente del TSJ): Afirma que 2025 fue el año de la independencia respecto al Ejecutivo tras el cierre de la Comisión 898 y que “el 2026 tiene que ser el año de la digitalización”, pero advierte que el presupuesto actual es “miserable”.

• Ricardo Rada (Diputado PDC): Señala que “el país no tiene economía para estar haciendo elecciones a cada rato” y sugiere que ante el vacío se podría sesionar con los magistrados actuales o llamar a suplentes.

• Pedro Callisaya (Defensor del Pueblo): Denuncia que el uso desproporcionado de la detención preventiva “atenta contra la dignidad humana” e insta a una reforma con enfoque de derechos.

• Carolina Villadiego (Experta internacional): Advierte que el sistema actual boliviano no cumple con los estándares internacionales para garantizar una verdadera independencia judicial.

Qué sigue: Los temas más urgentes para los próximos días requieren acción inmediata de la Asamblea Legislativa.

• Instalación del debate legislativo: La Asamblea debe establecer la ruta crítica para completar los escaños vacantes en el TCP y el TSJ tras el cese de los magistrados prorrogados.

• Sesión de la Asamblea Legislativa: Convocatoria del presidente en funciones, Edmand Lara, para considerar las tres vías de solución transitoria al vacío de poder en las altas cortes.

• Lanzamiento del sistema digital: Inicio de la implementación nacional del sistema único de gestión de causas penales para reducir el uso de papel.