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Lo esencial: Expertos, ingenieros y analistas advierten que el Decreto Supremo Nº 5503 reduce el peso fiscal de la subvención al diésel y la gasolina, pero no resuelve los problemas estructurales del sector.

Entre las deficiencias del modelo figuran: la dependencia de importaciones de carburantes caros, contratos de corto plazo y una logística ineficiente, pese a que la norma flexibiliza los requisitos para ingresar combustible y permite mayor participación privada.

Por qué importa: La medida marca un punto de quiebre en la política de combustibles al aliviar una carga fiscal millonaria, pero deja intacto el modelo de distribución y abastecimiento, lo que podría derivar en nuevos incrementos de precios y afectar a sectores productivos y sociales en el corto y mediano plazo.

El Estado llegó a gastar hasta $us 3.500 millones anuales en subvención en 2024, equivalentes a $us 10 millones diarios, según cifras oficiales.

Los hechos: El DS 5503 libera parcialmente la subvención y ajusta la cadena de precios de los combustibles, según el Gobierno, para ahorrar recursos fiscales y normalizar el abastecimiento.

Antes del decreto, el litro de gasolina y diésel se vendía a alrededor de Bs 3,7, mientras su costo real bordeaba los Bs 12 o 13, cubiertos por el TGN.

En 2024, Bolivia importó combustibles por $us 3.349 millones, cifra que se duplicó con respecto a 2019 cuando el gasto fue de $us 1.604 millones.

El decreto elimina restricciones, fija ICE cero para importadores, habilita bloques mayoristas regionales y prevé una transición hacia mayor participación privada.

Contratos spot y costos inflados: Analistas cuestionan la modalidad de contratación de YPFB, que migró a contratos “spot” de uno a dos meses.

Según la SIB y expertos independientes, estos contratos elevaron el costo de los carburantes entre tres y cuatro veces frente a esquemas de largo plazo.

El economista y experto en temas de hidrocarburos, Horacio Villegas, señaló que los cambios se dieron desde 2022 tras modificaciones al reglamento de contrataciones.

La SIB advierte que en los próximos seis meses los precios podrían subir entre 5% y 20% porque el DS 5503 tiene vigencia sólo de seis meses.

Dependencia externa y logística ineficiente: El diagnóstico técnico expuesto en la 1ra Cumbre Nacional Energética Bolivia 2025 señala una alta dependencia de importaciones y problemas logísticos.

Bolivia importa el 90% del diésel y cerca del 60% de la gasolina, mientras las refinerías operan por debajo del 50% de su capacidad, e incluso al 30%.

El Gobierno reconoce que actualmente importa el 100% del diésel y el 60% de la gasolina.

El 100% del combustible importado llega por cisternas, con un costo dos a tres veces mayor que el transporte por ductos, generando pérdidas superiores a $us 400 millones anuales.

Alrededor de 7.000 cisterneros prestan servicios a YPFB a través de federaciones del Oriente y Occidente.

La fragilidad del sistema de abastecimiento por conflictos con cisterneros: paros, demandas de ajuste en tarifas de flete y miles de camiones varados en países vecinos cuando el Estado boliviano no cumple con los pagos.

Refinerías subutilizadas y la opción del crudo: Algunos ingenieros y la Cumbre Energética de mayo de 2025 proponen importar petróleo crudo en lugar de combustibles refinados.

Bolivia cuenta con refinerías en Cochabamba y Santa Cruz con capacidad conjunta cercana a 67.000 barriles diarios, con fuerte capacidad ociosa, de acuerdo al Ministerio de Hidrocarburos.

Según los ingenieros, refinando crudo importado el diésel y la gasolina podrían producirse en alrededor de Bs 5 por litro.

Impacto en construcción, empleo e inversiones: El alza del diésel ya afecta a la economía real, especialmente al sector de la construcción.

Cadecocruz advirtió que el encarecimiento del combustible eleva costos de agregados y transporte, con riesgo de rescisiones contractuales, cierre de empresas y caída del empleo.

El representante de Cadecocruz, Eduardo Rodas Herrera, planteó incorporar una cláusula de reajuste de precios en el DS 5503.

El decreto introduce un régimen de estabilidad jurídica por 15 años para inversiones estratégicas, con contratos aprobados por decreto supremo y procedimientos “fast track”.

Qué dicen: Diversas voces coinciden en que la reducción de la subvención era necesaria, pero insuficiente.

La Fundación Jubileo atribuye la crisis a dos décadas de rentismo, congelamiento de precios y falta de exploración, con una caída de más del 60% en la producción de líquidos.

Expertos como Álvaro Ríos plantean romper el monopolio de YPFB en la comercialización o abrir más el mercado.

Otro experto en hidrocarburos, Mauricio Taborga, propone incluso reformas constitucionales para atraer inversión extranjera en exploración.

La conclusión: El DS 5503 reduce la sangría fiscal y normaliza el abastecimiento en el corto plazo, pero expertos advierten que, sin una reforma estructural del modelo energético, Bolivia solo estaría postergando una crisis de fondo.