El Post

Lo esencial: Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno, fue detenido y liberado en menos de 24 horas el 30 de diciembre de 2025 en el aeropuerto de Viru Viru, mientras enfrenta nuevas denuncias penales por su cuestionada gestión ministerial durante el gobierno de Luis Arce Catacora.

Por qué importa: El caso expone las fracturas del sistema judicial boliviano y la politización de los procesos penales, convirtiéndose en un catalizador de tensiones entre justicia y política, oficialismo y oposición, y al interior del propio MAS, entre arcistas y evistas.

El operativo fallido: La Policía justificó la aprehensión por presunto delito de “impedir o estorbar el ejercicio de la función policial”, pero el procedimiento quedó cuestionado desde el inicio.

Del Castillo aseguró que viajaba a Chile por motivos médicos de su hija menor con autismo.

Denunció demoras irregulares en Migración y ausencia de orden judicial.

El fiscal Luis Alba descartó presentar imputación formal por falta de indicios.

La jueza Rosario de Carmen Egüez ordenó su liberación inmediata.

El juez Carlos Alberto Moreira concedió acción de libertad autorizando además su salida del país.

Las nuevas denuncias: El mismo día de su liberación se formalizaron varias denuncias penales contra Del Castillo por hechos durante su cuestionada gestión ministerial 2020-2025.

Luis Fernando Camacho lo acusa junto a Luis Arce, de secuestro, tortura, vejámenes, trato inhumano, privación de libertad, desaparición forzada y resoluciones contrarias a la Constitución.

Al menos otras dos denuncias de particulares por presuntos casos de secuestro, inacción y tortura.

Qué dicen: Las reacciones políticas reflejan un escenario altamente polarizado sobre la liberación de Del Castillo.

Carlos Alarcón: “Es una vergüenza que el Fiscal General del Estado no instruya a fiscales de materia que inicien de oficio procesos penales contra el exministro”.

Alarcón acusó a Del Castillo de ser “el cerebro y articulador del terrorismo judicial” y principal operador del “falso golpe de Estado”.

El Comité Pro Santa Cruz exigió que la liberación no signifique el cierre de otras investigaciones por corrupción y narcotráfico.

Diputados de CC criticaron la celeridad judicial y señalaron un “doble estándar” donde opositores son procesados con rigor mientras figuras del MAS logran libertad inmediata.

Abogados de Camacho indicaron que es “una muestra de la debilidad de la Fiscalía” y buscarán aprehensión inmediata por el nuevo caso.

Juan José Zúñiga desde prisión celebró “la caída de otro verdugo”.

Manfred Reyes Villa pidió que el caso siga su curso legal sin interferencias políticas.

Entre líneas: Según Alarcón, la estructura del Ministerio Público respondería al “padrinazgo” de Del Castillo, y el operativo policial fallido terminó paradójicamente “convirtiéndolo en héroe al más grande verdugo de los últimos cinco años”.

El debate en redes: La liberación generó intensa polarización en X (Twitter) sin consenso.

Cuentas afines al MAS y sectores evistas celebraron como “victoria contra el lawfare”.

Opositores ironizaron sobre la celeridad del fallo y hablaron de “impunidad para exfuncionarios del MAS”.

Hashtag #DelCastilloLibre concentró la discusión sin generar hilos virales sostenidos.

Qué sigue: El exministro enfrenta acusaciones graves que podrían sepultar su capital político.

La forma en que el Ministerio Público y tribunales procesen estas denuncias será decisiva para evaluar si la justicia boliviana puede actuar con independencia frente a quienes manejaron los aparatos de seguridad del Estado.