Los costos del agro bajan hasta en 30% tras el retiro de las tarjetas B-SISA
Lo esencial: El gobierno de Rodrigo Paz Pereira eliminó definitivamente las tarjetas B-SISA para compra de combustible, una medida que redujo entre 20% y 30% los costos operativos del sector agropecuario cruceño al eliminar el mercado negro que triplicaba el precio del diésel.
Por qué importa: La eliminación de estas tarjetas beneficia directamente a los productores agrícolas al eliminar intermediarios corruptos que revendían el diésel subsidiado hasta en 14 bolivianos por litro, cuando el precio oficial subvencionado era Bs 3,72.
- El Estado ahorra 10 millones de dólares diarios que antes subsidiaban a redes delincuenciales.
- El ahorro estatal alcanzó 30 millones de dólares en apenas tres días de implementación, según datos oficiales.
El problema de fondo: Las tarjetas B-SISA, diseñadas para proteger al productor agrícola, se habían convertido en un mecanismo de corrupción donde personas ajenas al agro las comercializaban ilegalmente por 4.000 a 5.000 bolivianos y revendían el combustible subsidiado entre 10 y 14 bolivianos el litro.
Los números: El impacto económico del sistema corrupto era devastador para el sector productivo.
- Reducción de costos operativos: 20-30% tras eliminar las tarjetas.
- Precio del diésel en mercado negro: hasta 14-18 Bs/litro (triple del oficial).
- Aumento de costos de insumos agrícolas: 50% por escasez de combustible.
- Inflación alimentaria generada: 21%.
- Ahorro estatal en 3 días: 30 millones de dólares.
Qué dicen: Las autoridades y dirigentes del sector coinciden en que el sistema anterior era insostenible.
- Edward Condo (presidente de CODEPRO): Las tarjetas eran entregadas a personas ajenas al agro que “vivían en los surtidores haciendo fila” para revender.
- Oscar Mario Justiniano (ministro): Calificó al sistema como un “nido de corrupción” y parte de un “Estado tranca”.
- Mauricio Medinaceli (ministro de Hidrocarburos): “El país no puede gastar 10 millones de dólares diarios para subvencionar grupos delincuenciales”.
- “El llantero de al lado del surtidor tenía diésel y no el surtidor”, ejemplificó Justiniano.
Qué sigue: El Gobierno y los productores acordaron avanzar en reformas adicionales para el sector.
- Liberación de exportaciones con monitoreo del abastecimiento interno.
- Viabilidad para que productores importen directamente materias primas y combustibles.
- Seguridad jurídica para facilitar acceso a créditos bancarios para pequeños productores.
La conclusión: Esta reforma marca el inicio de un proceso de ordenamiento económico que busca priorizar la generación de valor agregado y empleo digno mediante un modelo de “capitalismo para todos”, garantizando la alimentación de las familias bolivianas.
