El Post

Lo esencial: A una semana de la eliminación de la subvención a los combustibles mediante el Decreto Supremo 5503, el gobierno de Rodrigo Paz emerge como el gran ganador político al implementar la medida sin que la protesta social lograra consolidarse, mientras la COB queda aislada tras movilizaciones que no consiguieron respaldo ciudadano masivo.

Por qué importa: El reordenamiento de fuerzas políticas, sindicales y empresariales marca un cambio en el balance de poder en Bolivia, donde la pulseta se traslada de las calles a las mesas de negociación municipal y sectorial, con la COB perdiendo aliados clave como transportistas y gremialistas que optaron por negociar en lugar de protestar.

Los ganadores: Cuatro sectores emergen fortalecidos tras la primera semana del ajuste.

El Gobierno de Rodrigo Paz: Logró imponer el decreto sin retroceder ni modificar su contenido, demostrando capacidad de decisión y resistencia política, recuperando el control de la agenda pública.

Mercado de combustibles privados: Los importadores privados cuentan ahora con mayor margen para operar, reduciendo la intervención directa del Estado y fomentando mayor competencia en la oferta.

Municipios y gobiernos locales: Adquirieron nuevo margen de maniobra política al convertirse en mediadores clave para la negociación de tarifas de transporte urbano.

Sectores adaptados rápidamente: Comerciantes y transportistas que optaron por la renegociación práctica de precios y tarifas, lograron mitigar las pérdidas económicas.

Los perdedores: Cuatro grupos sufren las consecuencias directas del ajuste.

La COB y sindicatos tradicionales: Políticamente debilitados, mantienen un discurso de rechazo que ha perdido fuerza social y capacidad de veto automático.

Ciudadanos dependientes del transporte urbano: Enfrentan incrementos directos con tarifas que subieron entre 30% y 100% según la ciudad.

Consumidores de alimentos con transporte intensivo: El costo de vida se vio presionado por alzas de entre 15% y 27% en insumos básicos como harina, lácteos y productos de panadería.

Trabajadores Informales y microcomerciantes: Sufren reducción en sus márgenes de ganancia debido al aumento de costos operativos.

Mapa de la movilización: La fuerza de la protesta se ha fragmentado entre quienes siguen apoyando a la COB y quienes abandonaron las movilizaciones.

Siguen con la COB: Mineros cooperativistas, sindicatos de empresas públicas, sectores de salud y educación (impulsados más por identidad sindical que por capacidad de presión real), y corrientes políticas opositoras que buscan capitalizar el descontento.

Se bajaron de las protestas: Transportistas urbanos (prefirieron negociar tarifas para no perder ingresos), comerciantes minoristas y trabajadores informales (cada día de paro representaba un día sin sustento económico), clases medias y juntas vecinales (rechazaron activamente los bloqueos priorizando la normalidad urbana).

Qué dicen los analistas: Los especialistas coinciden en que el Gobierno ha sorteado el riesgo de naufragio político.

Franklin Pareja: “La COB conserva su estructura, pero perdió su capacidad de veto social automático”.

Fernando Molina: “La gente puede no estar de acuerdo, pero sigue adelante porque protestar implica costos diarios altos”.

María Teresa Zegada: “La protesta ha perdido eficacia por la fatiga social acumulada, lo que fortalece la posición del Estado frente a grupos que ya no producen resultados concretos”.

Gonzalo Chávez: “Al no producirse un desabastecimiento ni un pánico sostenido, la economía ha entrado en una fase de acomodación que reduce la presión para revertir la medida”.

Qué sigue: En el futuro inmediato, el conflicto se desplazará definitivamente de las calles hacia la administración de las consecuencias sociales.

El Gobierno se enfocará en la implementación de las medidas compensatorias anunciadas, como el incremento de los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y la activación del programa PEPE para familias con estudiantes.

El desafío de la administración de Rodrigo Paz será asegurar que estos alivios lleguen a los sectores más vulnerables para evitar que el malestar acumulado se transforme en una nueva crisis a mediano plazo.