El Post

Lo esencial: La Central Obrera Boliviana (COB) enfrenta una crisis de legitimidad sin precedentes tras iniciar un paro general indefinido contra el gobierno de Paz por el DS 5503, mientras la ciudadanía rechaza abiertamente las protestas y sus propias bases mineras cuestionan a la dirigencia por su pasado de subordinación al MAS.

Por qué importa: El conflicto marca la primera gran crisis social del nuevo gobierno y expone el colapso de credibilidad de la histórica organización sindical, que enfrenta el repudio ciudadano y una fractura interna que amenaza con su refundación o desaparición como actor político relevante.

El conflicto actual: La crisis se sostiene sobre tres pilares que definen su complejidad y desenlace incierto.

Protestas violentas: Movilizaciones lideradas por sectores mineros con uso de dinamita, enfrentamientos con la Policía con heridos y ruptura del diálogo con el Ejecutivo.

Rechazo ciudadano: Comerciantes, transeúntes y vecinos pasaron de la queja a la confrontación directa, acusando a los marchistas de paralizar una economía ya golpeada.

Aislamiento político: El transporte pesado, gremiales y mineros cooperativistas alcanzaron acuerdos previos con el Gobierno, desmarcándose de la medida radical.

El detonante: El DS 5503 puso en curso de colisión al nuevo gobierno y al histórico ente obrero con posiciones irreconciliables.

Posición del Gobierno: La eliminación de la subvención a carburantes es fiscalmente impostergable – demandaría en 2026 un gasto equivalente al 6,4% del PIB, con ahorro estimado de 10 millones de dólares diarios.

Posición de la COB: Califica la medida como “paquetazo antiobrero y antipopular” y exige la abrogación total de la norma.

Ruptura del diálogo: El martes fracasó la negociación tras tres horas de reunión con el Ejecutivo en la Casa Grande del Pueblo.

El legado del MAS: La memoria histórica pesa en el conflicto actual, con la COB percibida como apéndice del poder político durante casi dos décadas.

Era Huarachi: Juan Carlos Huarachi, ex secretario ejecutivo de COB, extendió su gestión por ocho años mediante prórrogas avaladas por decretos del gobierno de Luis Arce.

Caso de corrupción: El 17 de noviembre de 2025, Huarachi fue enviado a prisión preventiva acusado de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión.

Red de pagos: Investigaciones apuntan a pagos a Huarachi de hasta 40.000 bolivianos por parte de exministros del MAS.

La acusación de doble moral: La repentina beligerancia de la COB bajo Mario Argollo es vista con escepticismo por tres razones centrales.

Silencio cómplice: La COB no convocó a movilizaciones durante la crisis de escasez de dólares y diésel de 2023 y 2024, cuando el MAS aún gobernaba.

Agenda oculta: Amplios sectores perciben la protesta como intento de lavar la imagen tras el escándalo Huarachi o como maniobra de desestabilización política.

Vaciamiento histórico: Contraste evidente entre la COB aliada al poder durante dos décadas y la actual que intenta paralizar el país a pocas semanas del cambio de mando.

La rebelión interna: Los distritos mineros de Huanuni y Colquiri, históricamente el “brazo pesado” de la COB, reflejan una división que amenaza con desmoronar la organización desde dentro.

Huanuni: Exige auditoría completa a la gestión de Huarachi como condición previa para cualquier movilización.

Colquiri: Protestas limitadas al costo de vida, con rechazo explícito a defender dirigentes del pasado.

Vinto: Se mantiene en emergencia pero opera parcialmente para no perder mercados de exportación.

Mineros jóvenes: Impulsan asamblea extraordinaria para la “refundación de la COB” y toma de sus sedes para expulsar dirigentes vinculados al MAS

Qué dicen: El sentimiento popular se resume en una frase escuchada entre detonaciones de dinamita: “Durante 20 años callaron porque recibían sedes y camionetas; ahora quieren perjudicar al que trabaja”.

Entre líneas: La COB enfrenta una doble crisis de legitimidad – hacia afuera con el rechazo ciudadano que ya no la reconoce como referente social, y hacia adentro con la fractura de bases que se sienten traicionadas, ambas consecuencia de casi dos décadas de cooptación política.

La conclusión: El futuro de la COB dependerá de su capacidad de emprender una refundación real, depurar su estructura y reconstruir los puentes rotos con la sociedad, o quedará relegada en el nuevo escenario político boliviano.