Lo esencial: El uso de fuerza letal (armas de fuego) por parte de la Policía y las FFAA en Bolivia está regulado por cinco pilares legales que establecen como último recurso bajo los principios de necesidad y proporcionalidad.

Por qué importa: El debate se reavivó tras los enfrentamientos en Cotapachi-Colcapirhua en los que dos personas perdieron la vida y se tiene al subteniente Joaquín Castellón bajo investigación.

El marco legal: La normativa boliviana establece cinco pilares fundamentales.

Constitución Política del Estado que asigna roles a Policía y FF.AA.
Convenios y tratados internacionales de cumplimiento obligatorio.
Ley Orgánica de la Policía Boliviana del 18 de diciembre de 1961.
Ley N° 400 de Control de Armas del 18 de septiembre de 2013.
Manual del Uso de la Fuerza en Conflictos Internos (DS N° 27977).

Cuándo es legal: Las armas sólo pueden usarse en situaciones de extrema necesidad.

Legítima defensa ante agresión ilegítima actual o inminente que ponga en riesgo la vida.
Respuesta al fuego solo si existe agresión armada previa en operaciones internas.
Prohibido usar el arma reglamentaria fuera de servicio.

Los principios rectores: El Manual del Uso de la Fuerza impone cuatro límites claros.

Necesidad: no hay alternativa eficaz distinta al arma.
Proporcionalidad: la respuesta debe guardar relación con la agresión.
Racionalidad: decisión lógica y, de ser posible, advertencia previa.
Discriminación: actuar solo contra quien representa la amenaza

Las sanciones: La Ley N° 400 prevé penas de hasta 30 años de presidio sin indulto por tráfico ilícito o robo de armamento, 10 años por alteración de marcas y 2 a 4 años por ostentación pública ajena al servicio. No existe fuero especial.

El procedimiento: Cada intervención con arma de fuego exige reporte inmediato, aseguramiento del arma, pericias balísticas, reconstrucción de hechos y control fiscal para determinar si se cumplieron los principios rectores.

Casos recientes: Los enfrentamientos en Cotapachi-Colcapirhua provocaron dos decesos y la investigación por homicidio al subteniente Joaquín Castellón por realizar disparos durante un enfrentamiento.

La Asociación Nacional del Servicio Pasivo Policial respaldó al oficial señalando que actuó para reducir el riesgo.
La muerte de cuatro efectivos por ataques con disparos, pedradas y explosivos en junio de 2025 durante un operativo de desbloqueo en Cochabamba y Llallagua intensifica el debate del uso de la fuerza letal por parte de la Policía en el país.
En esos ataques fallecieron el teniente Brayan Barrozo Rodríguez, el teniente Carlos Apata Tola y el sargento primero Jesús Mamani Morales en Llallagua (Potosí) y el subteniente Christian Calle Alcón en Confital (Cochabamba).

Entre líneas: La controversia surge también ante la queja de oficiales de las condiciones en las enfrentan los conflictos sociales o turbas violentas, como el caso de San Carlos (Santa Cruz) donde un efectivo resultó policontuso tras ser atacado por 30 personas mientras verificaba vehículos sospechosos.

Qué sigue: La Fiscalía continúa evaluando si en el caso Cotapachi-Colcapirhua la agresión fue actual o inminente, si existió respuesta al fuego y si la fuerza empleada fue proporcional.